Montoro permitirá ahora que Catalunya cobre el impuesto a los bancos

Marcha atrás, forzada por el Tribunal Constitucional, que ha considerado que las autonomías sí pueden recaudar fondos por un impuesto a los depósitos bancarios. El Gobierno español rechazó que comunidades como Catalunya, Extremadura, Andalucía o Canarias, pudieran cobrar por esa tasa, pero ahora el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, busca una fórmula que lo permita, o bien a través de un impuesto estatal, cediendo luego los ingresos, o bien a través de los propios gobiernos autonómicos.

El Govern de la Generalitat de Catalunya espera con una cierta ansiedad esa decisión, porque, como ha afirmado el propio President Artur Mas, esos ingresos servirían para compensar a los trabajadores públicos, y, si se puede, recuperar la paga extra que se eliminó.

En 2012 hizo una previsión de recaudar unos 500 millones de euros, con un gravamen no concretado, pero alrededor del 0,5%. El Gobierno central, por su parte, estimó la recaudación en 860 millones de euros.

Dentro de la reforma fiscal

Montoro, en unos desayunos en Europa Press, ha admitido que Hacienda busca una fórmula, y que la determinación es incluirla en la reforma fiscal que prepara para 2014. Montoro ha reconocido que él no es partidario de ese impuesto, pero que, tras la decisión del Constitucional, entiende que ahora se debe satisfacer.

¿Cómo? El Gobierno de CiU accedió a incluir ese impuesto, prácticamente cuando todavía no se había formado el nuevo Ejecutivo de Artur Mas, tras las elecciones del 25 de noviembre de 2012. Fue Esquerra Republicana quien lo exigió, buscando nuevos ingresos que pudieran paliar los recortes en las cuentas públicas de la Generalitat. Lo puso en marcha, conociendo que el Gobierno español lo estaba tramitando, por su cuenta, y con un gravamen a tipo cero. El Gobierno de CiU reclamó una compensación, por el tiempo en el que el impuesto estuvo vigente, unos pocos meses.

El hecho es que fue Extremadura en 2001 quien lo aprobó, en su momento, y fue recurrido por el Gobierno del PP. Los tribunales, diez años después, le dieron la razón al gobierno extremeño. Andalucía y Canarias lo aprobaron en 2010, y Catalunya y Asturias se sumaron a finales de 2012. El Gobierno central lo recurrió ante el Constitucional.

Sin «desordenar» el mercado bancario

El ministro de Hacienda busca una doble salida, “sin que desordene el mercado bancario en España”, y con unos tipos impositivos límite, que serían inferiores a los inicialmente planificados por el Gobierno catalán, es decir, inferiores al 0,5%, y superiores a un 0,03% según ha informado este lunes el diario El País.

Para Artur Mas puede ser una válvula de escape muy notable. Desde India, donde se encuentra de viaje oficial, el President ha insistido en que esos recursos se destinarán a “los empleados públicos”. El Gobierno catalán, precisamente, ha sido duramente criticado por la oposición por fijar más de 2.000 millones en los presupuestos de 2014 sin concretar. Se espera vender activos y patrimonio por esa cantidad, pero en el acuerdo entre CiU y ERC se prevé nuevos recursos “por enmiendas políticas”, como señaló el conseller de Economia, Andreu Mas-Colell.

Una de ellas es, precisamente, los recursos que puedan llegar del impuesto a los depósitos bancarios.