La mitad de los comercios cerrará por la crisis del coronavirus
Las principales asociaciones de comerciantes del país han alertado de que afrontar los gastos corrientes en la pandemia cerrará uno de cada dos negocios
Uno de cada dos comercios en España se va a ver obligado a cerrar a causa de la crisis del coronavirus. Así lo han apuntado este domingo las principales asociaciones de comerciantes. El principal motivo es la dificultad para afrontar los gastos corrientes durante la pandemia —especialmente los alquileres de locales— lo que provocará el cierre de la mitad de empresas y cientos de miles de empleos destruidos.
La Confederación Española de Comercio (CEC), la Asociación Española de Centrales de Compra (Anceco), las asociaciones de cadenas de retail, servicios y restauración Amicca, Comertia, Acotex y Eurelia y la Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos y Fece han emitido un comunicado para lanzar un grito de alarma al Gobierno por su situación que ya es crítica. Se trata de organizaciones que, en conjunto, representan a más de la mitad de todo el comercio del país, con 510.000 puntos de venta y una creación de empleo de 1,7 millones de puestos de trabajo.
El escrito pone de manifiesto que las asociaciones se enfrentan a una situación «sin precedentes, un escenario de corte radical de ingresos» que abocará al cierre al 50% de empresas, según los sectores, y provocará la destrucción de «cientos de miles de puestos de trabajo a corto y medio plazo», como publica la agencia Efe.
Una línea de subvenciones para pagar los alquileres
El sector comercial —según las asociaciones— tiene un peso en el PIB español del 13% y es el primero en términos de empleo, con 3,2 millones de trabajadores en 2018, lo que supone el 17% del total de afiliados a la Seguridad Social. Es por este motivo que los comerciantes reclaman urgentemente una línea de subvenciones que les permita el pago de los alquileres durante el cierre obligado, además de exigir al Gobierno un «nuevo marco normativo» para renegociar los arrendamientos y condonar rentas.
«Es momento de introducir políticas redistributivas del perjuicio económico de forma que la situación se vuelva equitativa, poniendo sobre la mesa nuevos métodos de cálculo de los costes de arrendamiento», añaden las asociaciones. También apuntan que la norma debería incluir el período del estado de alarma y al menos hasta los seis meses posteriores.
Las organizaciones instan también a revisar por parte del Gobierno la Ley de Arrendamientos Urbanos, que consideran obsoleta en materia de locales comerciales. También destacan como importante crear un «foro de diálogo» tutelado por las administraciones que arbitre medidas encaminadas a procurar la supervivencia de las empresas y el mantenimiento de los puestos de empleo.