Los mileuristas se cargan el estado del bienestar

Campaña electoral. La mayoría de los dirigentes políticos apuestan por elevar el salario mínimo. Lo pide Podemos, también los economistas que coordinan el programa electoral de Ciudadanos. Los dos partidos clásicos, PP y PSOE no lo rechazan. Los socialistas, de hecho, prometen elevarlo un 5%. Pero, al margen de la contienda electoral, ¿por qué es necesario?

«Un mileurista es un mal negocio para la sociedad. Una persona que cobre el salario mínimo es un negocio aún peor», sostiene Miquel Puig, economista, autor del libro Un bon país no es un país low cost (Edicions 62). La versión en castellano tiene un mensaje más claro, La gran estafa (Pasado&Presente).

Es decir, quizá España no ha podido salir de la crisis de otra forma a corto plazo. La devaluación interna ha permitido crear miles de puestos de trabajo, aunque el número de cotizantes a la Seguridad Social, 17 millones de españoles, sea prácticamente el mismo que en 2011, cuando Mariano Rajoy accedió al poder.

Pero para el país puede ser letal. Los mileuristas se cargan el estado de bienestar, cuyas prestaciones exigen más y mejores cotizaciones.

El low cost no es la solución

Puig asegura que «España no entiende que no puede apostar por un modelo low cost, que el turismo no se puede basar en bajos salarios, porque es contraproducente para todos». ¿Solución? La que proponer ahora casi todos los partidos, con las reservas del PP. «Si se eleva el salario mínimo, los empresarios también se buscarán la vida para ganar productividad, y elevar, entre todos, la competitividad, con más valor añadido», sostiene Puig.

Calcular el coste de cada persona resulta una tarea poco solidaria, de mal gusto. Pero Puig la desarrolla para que España en su conjunto sea consciente del problema. Si se tiene en cuenta a un mileurista «normal», sin la obligación, desde 2014, de pagar el IRPF, sin patrimonio, «pocos mileuristas tienen patrimonio», el único impuesto que pagarán a largo de su vida es el IVA asociado al consumo que lleve a cabo.

¿Qué le cuesta un mileurista a España?

El modelo que se tiene en cuenta es un trabajador que comienza a trabajar a los 25 años y se jubila a los 67 años. En esos 42 años «ingresa cada año la cantidad que hace que esté exento del IRPF, poco menos de 13.000 euros brutos al año en función de su situación familiar», apunta Puig.

Pero tengamos en cuenta que se escolariza entre los 6 y los 15 años con un coste igual a la media, que es atendido en el CAP y en el hospital público, siguiendo la media, que requiere de los servicios sociosanitarios públicos de ayuda a la dependencia igual a la media y muere, después de su jubilación, a los 83 años y medio. Siguiendo la media, en el cálculo de Puig, se supone que siempre depende de ese trabajador o trabajadora «la cuarta parte de otra persona».

El resultado es que en concepto de IVA pagará poco menos de 90.000 euros. Pero recibirá del Estado poco menos de 200.000 euros en concepto de educación, sanidad y dependencia. En el caso de un trabajador que sólo cobre el salario mínimo, el coste será el mismo, pero pagará sólo 60.000 euros. ¿Se lo puede permitir España?

La frontera, los 18.000 euros

Puig sostiene que cualquier trabajo remunerado «por debajo de los 18.000 euros» está siendo subvencionado por la sociedad. Y que esa subvención no aparece en ningún boletín oficial, ni está administrada con procesos formales, y supone, en cambio, «una enorme transferencia de recursos desde los contribuyentes –que son los que pagan el estado de bienestar—y a favor de los consumidores y empresarios».

Esa transferencia tendría dos consecuencias negativas: la ineficiencia del sistema productivo y la inviabilidad del estado de bienestar.

Los empresarios dirán que dependerá de cada sector, que la devaluación interna ha sido positiva, y que subir el salario mínimo no garantiza nada, a priori. Los datos oficiales, según Hacienda, dejan en el límite lo que apunta Puig. El sueldo medio de los trabajadores, según lo declarado por las empresas, ha caído a 18.420 euros anuales, el equivalente a 14 pagas de 1.315 euros, el mínimo desde 2007.

Un modelo «con fecha de caducidad»

El economista Santiago Niño Becerra, que rechaza el optimismo imperante del Gobierno, va en esa dirección, al destacar que el tejido productivo no puede cambiar de la noche a la mañana.

«Mucho del empresariado español se halla en una trampa de que, pienso, la mayoría no puede salir. La única competitividad permanente es aquella que está basada en la productividad, y para ello es preciso invertir en tecnología y en organización lo que posibilita la reducción de costes; ganancias de competitividad sustentadas en la actividad sumergida, en el fraude, en el uso de becarios como trabajadores, en el pago de menos horas que las realmente trabajadas, en los bajos salarios, en el despido a medida y barato, da lugar a reducciones de costes que permiten bajadas de precios, pero es un proceso con fecha de caducidad», señala.

Ahora bien, Puig insiste. ¿Por qué España debe apostar por pagar tan poco a los camareros en el sector turístico, por ejemplo?

Pagar más por las copas en los bares

Según este economista, y para animar el debate, deberían ser los turistas –España debería ser consciente de que es un país incomparable en el mundo para el turismo—los que pagaran más por sus copas, y por sus habitaciones de hotel, y elevar el salario, con ello, de los trabajadores del sector, lo que redundaría en toda la economía española. 

Piensen en ello. ¿Lo harán los políticos en la campaña electoral?