Las pymes pagan el pato de la nueva normativa contable para bancos

Que los bancos sean más seguros y que no puedan estar fácilmente al borde del hundimiento, como ha sucedido en el pasado más reciente, tendrá un coste adicional para los clientes, especialmente para las empresas. Es una de las conclusiones más relevantes del grupo de analistas de la agencia de calificación Moody’s en España.

El debate ha tenido lugar a poco más de 60 días de que se alcance la fecha límite para la entrada en vigor, de carácter progresivo, de dos de los puntos más relevantes de los nuevos acuerdos Basilea III, marco regulatorio desarrollado por la Autoridad Bancaria Europea (EBA, en las siglas en inglés) para evitar una crisis como la de 2008.

En concreto, estos dos puntos son el coeficiente de cobertura de liquidez (LCR) y el coeficiente de fondeo estable neto (NSFR, ambos en las siglas en inglés). El primero, el LCR debe alcanzar el 60% este 2015 y llegar al 100% entre 2017 (Estados Unidos) y 2019 (Unión Europea). En ese año toda la industria financiera global deberá ya trabajar dentro de los parámetros de Basilea III.

Repercusiones de la regulación

A juicio de Moody’s, las repercusiones de la nueva regulación serán evidentes: «Los modelos de negocio de los bancos pueden verse afectados por los nuevos requerimientos introducidos por Basilea III en relación con el capital, liquidez, apalancamiento y financiación estable. Esto afectará a las relaciones entre bancos y empresas», cree Maria Cabanyes, vice presidenta de Moody’s Investors Service España.

En otras palabras, y según Carlos Winzer, colega de Cabanyes, «tesoreros y directores financieros de las empresas se enfrentan a unos desafíos primordiales, incluso el aumento de los costes de las líneas de crédito, el acceso más difícil y costoso al mercado de bonos y a los servicios bancarios».

Entre otras razones, porque los cambios para adecuarse al LCR y NSFR de Basilea III desincentiva a los bancos a tomar depósitos y a prestar a empresas de alto riesgo; penaliza los depósitos de empresas y mayoristas a corto plazo frente a las fuentes de financiación minoristas estables y de pymes; fomenta que los bancos se financien a corto plazo solo con aquellas empresas con las que mantienen relaciones más rentables y, finalmente, dificulta la capacidad de los tesoreros a diversificar la exposición a bancos si sus depósitos son rechazados.

Nueva oleada de impactos

Mientras no llega esta nueva oleada de impactos de una crisis financiera que para muchos parece ya superada, pero cuyas cargas de profundidad subterráneas continúan y continuarán emitiendo ondas expansivas negativas por mucho tiempo, los bancos siguen adaptándose con más o menos fortuna a la nueva situación que define Basilea III.

Así lo demuestra la octava evaluación del grupo de seguimiento de la implementación de las normativas.

En este sentido, cabe destacar que «las mejoras continuaron en los tres frentes fundamentales: capital, liquidez y apalancamiento, para el grupo uno de los bancos, aquellos por cuya estructura son considerados sistémicos, pero se ha producido un retroceso para algunos grandes bancos del grupo dos, en particular en cuanto a su liquidez a corto plazo».

Con datos de diciembre de 2014, la EBA ha calculado en 1.500 millones de euros las necesidades de liquidez para alcanzar el nivel del umbral obligatorio del 7% para bancos del grupo uno. Esta cifra representa el 45% menos que en junio del mismo 2014 y el 95% menos que en 2011. En cambio, la falta de liquidez para el grupo dos de bancos ha aumentado hasta los 2.400 millones de euros, a causa de la falta de capital de tres de las más grandes entidades que se incluyen en esta clasificación.

Los bancos, según la solvencia

Y mientras que el promedio de la ratio de cobertura de liquidez (LCR) de bancos del grupo uno se incrementó al 123% en diciembre de 2014, y el 87% de los bancos cumplen ya con el requisito del 100%, cuya obligatoriedad no entra en vigor hasta 2018, los bancos del grupo dos tuvieron un promedio LCR mayor (153%) pero un porcentaje menor de entidades alcanzan el umbral del 100% (tan sólo el 68%).

Una proporción significativa de los mismos (16%) no alcanza todavía el mínimo exigible del 60%.