Las preferentes aún bloquean 5.600 millones de los pequeños ahorradores

El Gobierno reconoce que aún quedan más de 5.600 millones de euros en títulos de participaciones preferentes en manos de pequeños ahorradores e inversores minoritarios, una cantidad «muy elevada para un producto de estas características».

Así lo señala el Ejecutivo en una respuesta escrita a UPyD y en la que recuerda que, pese a que eran un producto «complejo», su comercialización «se generalizó entre inversores». Está previsto que, tras la nacionalización y la inyección de los fondos públicos en tres entidades que vendieron un buen número de preferentes, se proceda a su canje, lo que deberá reducirá la cifra.

Afectados

«Hoy, el saldo vivo de preferentes en manos de este tipo de inversores asciende a unos 5.620 millones de euros (según las cifras que maneja la Comisión Nacional del Mercado de Valores a partir de datos de la gestora de valores Iberclear), muy elevado para un producto de estas características. También el número de preferentistas es muy elevado», añade el Gobierno.

El propio titular de Economía, Luis de Guindos, ha explicado este lunes que se «está intentando dar una salida» a un problema que, según ha recordado, no generó este Gobierno.

¿Soluciones?

«Lo que me toca es buscar soluciones, que no son sencillas, pero a través de los procesos de arbitraje y del canje en las próximas semanas en las entidades nacionalizadas, habrá un alivio para estos tenedores de preferentes», ha subrayado el ministro en una entrevista a Antena 3, donde ha sido tajante al afirmar que «nunca se tenían que haber vendido a un ahorrador tradicional».

Además, apunta que los titulares de estos títulos sólo tienen dos opciones para recuperar el principal de su inversión: o venderlo en los mercados —algo extremadamente difícil ya que nadie las acepta— o aceptar canjes por otros instrumentos de capital.

Normativa europea

En este contexto, las entidades que no han recibido ayudas públicas pueden asumir una parte de la pérdida del valor del producto, pero las entidades nacionalizadas deben cumplir las normativa de competencia europea. Por este motivo, deben fijar el cambio en función de su valor de mercado, que es muy bajo y conlleva importantes pérdidas.

Además, aunque el proceso está claro en el caso de Bankia, donde las preferentes serán canjeadas por acciones aunque su precio sea ridículo, no es así ni en Novagalicia ni en Catalunya Banc, que al no cotizar tendrán que optar por otras vías.

Arbitraje

El Gobierno, «consciente de la problemática surgida en relación con la posible mala comercialización entre minoristas de instrumentos complejos», pretende articular un procedimiento de arbitraje para los suscriptores de preferentes de Bankia, siguiendo «criterios de selección y procedimientos similares», a los que ya se han aplicado en Novagalicia Banco y Catalunya Banc.

Previamente, «un asesor privado filtrará los supuestos que evidencian una mala praxis en la comercialización». En el caso de Bankia, por ejemplo, ya se ha contratado este servicio con la consultora KPMG por «los aplicativos informáticos de que dispone para procesos de este tipo, así como por ser la propuesta más económica para el banco».

Sin definir

En los casos que determine que es procedente acudir al arbitraje, KPMG también asistirá a Bankia en el «asesoramiento legal relativo» al procedimiento. Por lo demás, «la figura del árbitro se encuentra en la actualidad pendiente de definición y el procedimiento a seguir en el proceso de arbitraje está aún por determinar», lo mismo que aún no se ha constituido la comisión de seguimiento del proceso, que también deberá definir los criterios para discernir entre casos de estafa y comercializacones correctas.

Finalmente, el Gobierno recuerda que el arbitraje «no sustituye» a la obligación impuesta por el Memorándum de Entendimiento (MoU) del rescate financiero sobre el «reparto de cargas», que exige que los actores públicos y los acreedores privados de las entidades que reciban asistencia financiera (accionistas, titulares de preferentes y tenedores de deuda subordinada) asuman proporcionalmente el coste del rescate.