La tasa Google se desinfla
El sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda no contempla su aplicación unilateral en España
España no aplicará la tasa google de forma unilateral. El sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) considera que es mejor esperar a que se llegue a un consenso a nivel europeo y global para aplicar un gravamen a determinados servicios digitales. Además, alerta: tomar esta decisión de forma independiente podría suponer la imposición de nuevos aranceles de Estados Unidos a productos españoles.
Así lo ha señalado en declaraciones a Europa Press el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, después de que la vicepresidenta tercera para Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, afirmara estos días que España no renuncia a implantar el impuesto, pero a la espera de que la OCDE defina una «buena» propuesta en el ámbito internacional.
Mollinedo cree que la ministra comenzará a trabajar en el proyecto legislativo, no obstante, considera que su entrada en vigor no se llevará a cabo hasta que no se pacte una solución definitiva en el marco la OCDE y en el G-20. En el caso de que los Presupuestos Generales del Estado entraran en vigor en septiembre, la tasa google empezaría a funcionar a partir del 1 de enero «en el mejor de los casos», ha indicado Mollinedo. De ser así, podría coincidir con la culminación de la propuesta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
«No creo que España la aplique unilateralmente si no va respaldada de otros apoyos de la Unión Europea. Si va en coordinación con otros Estados miembros serán más fuertes y sólidos para poder abordarlo», ha insistido el secretario general de Gestha. «En el hipotético caso de que el Gobierno de coalición decida finalmente aprobar la tasa de forma unilateral, podría suponer la imposición de nuevos aranceles a productos españoles por parte de la Administración norteamericana», ha añadido.
Calviño espera una propuesta concreta de la OCDE
Calviño espera que haya una propuesta más concreta en el ámbito de la OCDE conforme a los dos pilares. El primero de ellos busca normas sobre la reubicación de los beneficios de gigantes digitales que establezcan dónde deben pagarse los impuestos, ha informado Europa Press. El segundo, explora el diseño de un sistema fiscal internacional que asegure que las multinacionales digitales pagan un nivel mínimo de impuestos, con el objetivo de evitar la erosión de las bases fiscales y la transferencia de beneficios.
El nuevo Gobierno pretende recuperar el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, que aprobó ya en enero de 2019, pero cuya tramitación quedó paralizada por la llamada de nuevo a las urnas. El tributo que proyectó entonces gravaba aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los tres millones de euros.
