La Seguridad Social financió de forma irregular a las CCAA

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) financió de forma irregular a varias comunidades con transferencias de más y créditos de dinero sobrante por, al menos, 36,5 millones de euros, según un informe del Tribunal de Cuentas, que defiende la recuperación de esas cantidades junto con los correspondientes intereses de demora.

Las transferencias obedecen a un acuerdo de colaboración entre las comunidades y el antiguo Ministerio de Trabajo e Inmigración para el control de la incapacidad temporal entre 2009 y 2012, un período en el que el ministerio se comprometía a inyectar 1.232,18 millones a los gobiernos regionales.

Los incumplimientos

El dinero transferido estaba condicionado a que las comunidades implantaran mejoras en los controles de los procesos de incapacidad temporal. Pero no todas cumplieron los compromisos. Andalucía no grabó el 85% de los partes médicos en un plazo de cinco días, argumentando «problemas informáticos puntuales», algo que según el Tribunal de Cuentas es una justificación insuficiente.

Aragón, Extremadura y Galicia no cumplieron con todos los requisitos y Murcia y La Rioja superaron el plazo máximo para resolver las gestiones de altas y disconformidades.

El País Vasco y Navarra, por su parte, optaron por convenios anuales con el Ministerio, para los que se previeron 13.008 millones de euros entre 2010 y 2011. Sin embargo, el INSS no elaboró criterios de valoración del cumplimiento y ni siquiera utilizó los existentes para el resto de comunidades en el caso de objetivos comunes, lo que evidencia una «falta de homogeneidad y un tratamiento desigual», según el tribunal.

Los créditos

Finalmente, el Tribunal cree que el reparto, de los 34,07 millones de euros de créditos sobrantes tras la ejecución de los convenios fue «un gasto en exceso que no guardó relación con la mejora de la gestión y control de los procesos de incapacidad temporal, por lo que la distribución de estos fondos públicos sin vinculación a objetivos específicos constituye una mera transferencia de fondos públicos no amparada por la normativa vigente».