La intervención de BPA une a medio centenar de clientes contra el gobierno andorrano
Los poderes notariales para pleitos se pueden entregar en un despacho de Barcelona para que los numerosos catalanes que tenían cuentas en la entidad no tengan que desplazarse hasta el principado
Ante el temor de perder gran parte de los ahorros que depositaron en Banca Privada de Andorra (BPA) –propiedad de la familia Cierco–, centenares de sus clientes se han unido a una demanda de acción colectiva contra el gobierno andorrano por los posibles daños y perjuicios ocasionados por la intervención y el actual proceso de venta del banco.
Hasta el momento, la Plataforma de Clientes Afectados BPA ha reunido cerca de 550 titulares de cuentas, entre los que se encuentran decenas de catalanes, dispuestos a demandar a diversas instancias gubernamentales andorranas, según apunta un portavoz de los perjudicados.
Las reclamaciones por daños y perjuicios prescriben al año
La demanda se presentará en los juzgados del principado antes del 10 de marzo, cuando se cumplirá el primer aniversario de la intervención de BPA. En Andorra, las reclamaciones por daños y perjuicios prescriben al cabo de un año, pero en los círculos jurídicos del país se abrió un debate sobre si el plazo empieza con la intervención del banco o una vez se confirme la quita a sus clientes, un hecho que todavía no se ha comunicado.
Ante la duda, las asesoras jurídicas de la plataforma de afectados han optado por presentarla antes del 10 de marzo.
Las abogadas andorranas Gema Martínez y Anna Solé están recopilando la documentación de los afectados para la demanda de acción colectiva. Esta documentación se puede presentar tanto en su bufete profesional en Andorra como en Barcelona, en un despacho de la calle Balmes, para que no se tengan que desplazar al principado los numerosos afectados catalanes.
Los poderes deben ir acompañados por la apostila de la Haya
En el caso de cuentas bancarias conjuntas, se requiere que aporten poderes notariales para pleitos cada uno de los titulares. Si estos poderes se otorgan fuera de Andorra, deben ir acompañados de la preceptiva apostilla de la Haya.
El traspaso de los activos y del personal de BPA a Vall Banc, cuyo inicio estaba previsto para el 28 de enero pasado, ha sufrido un nuevo aplazamiento. El ministro andorrano de Finanzas, Jordi Cinca, se limitó a anunciar que será «inminente», pero sin concretar ninguna fecha.
Todavía no se ha cerrado un acuerdo con los corresponsales en el extranjero, indispensables para que Vall Banc pueda operar. Una vez se hayan traspasado los activos, Vall Banc saldrá a subasta.
