La banca prepara el pulso con el Estado: “No es una cláusula suelo»

“El impacto para la banca será de 4.000 millones de euros”, pronostica la agencia Moody’s sobre la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a las entidades a pagar el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, hasta ahora en el debe de los clientes. La gran banca española rechaza la losa y se desentiende de las reclamaciones que ya alientan numerosos despachos de abogados: “No hemos cobrado nada”.

Las fuentes financieras consultadas por Economía Digital marcan distancia con el caso de las cláusulas suelo al que aluden algunos bufetes. En este caso no se trata de cantidades cobradas de forma indebida ni de cláusulas abusivas. “Es un cambio de criterio tributario aplicable”, aseguran. De hecho, el propio fallo del Supremo reconoce que la doctrina unánime hasta el momento fue “matizada o cambiada”.

La Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) sostienen que la sentencia se refiere simplemente “a una cuestión de naturaleza tributaria”. Por tanto, desde el sector se señala a las comunidades autónomas, encargadas de recaudar el tributo, ante la hipotética reclamación de cualquier importe. El remedio: pedir una nueva liquidación del impuesto.

Los bancos, tajantes: «La sentencia del Supremo no es retroactiva»

Sin embargo, todavía queda en el aire el carácter retroactivo de la medida, pues la sentencia lo ignora. Y unos y otros difieren. Si las organizaciones de consumidores sostienen que las entidades e instituciones deben pagar, las fuentes consultadas son claras: el Artículo 72.2 de la ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa establece que las resoluciones que anulan disposiciones generales tienen efectos desde el día del fallo, no de manera retroactiva.

Ante cualquier reclamación, la banca mira a años vista: “Será un proceso largo”. Tanto si la justicia da la razón a las compañías como si falla en favor de las asociaciones el fallo se recurrirá a la Audiencia y de allí al Tribunal Supremo otra vez.

Pero a pesar de aglutinar argumentos legales, las entidades asumen la existencia de un agujero. Del mismo modo que los usuarios pueden pedir una segunda liquidación, las distintas agencias tributarias pueden exigírsela también a las empresas. El escudo: el impuesto prescribe a los cuatro años, por lo que sólo sería reclamable hasta 2014.

«Reclamamos mayor seguridad jurídica y unas reglas claras», dice la AEB

Queda por ver entonces la forma en la que se produciría –de finalmente llevarse a cabo— el cómputo. Eso sí, el procedimiento tomaría ya la senda de la legislación tributaria y se alejaría de los juzgados civiles.

Con la incertidumbre generada, la patronal bancaria es contundente: «Reclamamos a los poderes públicos mayor seguridad jurídica y unas reglas claras y predecibles para el mercado hipotecario».

Sí está claro el camino que seguirá la concesión de hipotecas a partir de ahora. «Como siempre han hecho, los bancos cumplirán con el nuevo criterio establecido por el Tribunal Supremo a partir de esta sentencia», reza un comunicado de la AEB. Las operaciones que todavía estén en fase de negociación también se adaptarán al nuevo criterio.

La factura del impuesto para la banca

Ante la falta de claridad sobre si la sentencia tiene o no carácter retroactivo, el impacto del cambio de criterio en las cuentas de la banca se mueve todavía en el terreno de las suposiciones. No obstante, la firma Keefe, Bruyette y Woods califica de «reacción exagerada» la caída de las entidades en bolsa a lo largo de la sesión del jueves.

Según los analistas del despacho neoyorquino, la cantidad reclamable en el caso de que la Agencia Tributaria se remontase hasta 2014 sería de 1.680 millones de euros entre todo el sector y Bankia sería la que más sufriría el golpe. A la misma cifra se acerca Citi, que reduce la factura hasta los 1.300 millones de euros si se tiene en cuenta el mismo periodo.

En comparación, las estimaciones de Kepler Cheuvreux parecen desorbitadas: entre 12.000 y 18.000 sumando intereses y costas. Morgan Stanley habla de entre 7.000 y 9.000 millones.