Inminente solución final para BPA

El Ejecutivo andorrano estará en disposición de anunciar en breve la solución final en la que trabaja para superar la crisis de Banca Privada de Andorra (BPA). El presidente del Gobierno, Antoni Martí, presiona para que la familia Cierco, propietaria del 60%, entregue su participación mayoritaria al Estado. Sólo si los hermanos Higini y Ramon ceden, se activará la siguiente fase de la hoja de ruta. La alternativa es que el banco siga agonizando con más medidas restrictivas para los clientes. La pelota está ahora en el tejado de los actuales dueños.

Si la respuesta de los Cierco es positiva, el Gobierno someterá a votación en el Parlamento del país, que se constituye la primera semana de abril, una nueva ley que permitiría estabilizar la entidad, reestructurarla (trocearla) y venderla. La propiedad pública tendría ese cometido concreto y un plazo para ejecutarlo: dos años. Se espera que para entonces se hayan calmado las aguas. Es decir, que Estados Unidos acepte negociar para amortiguar el multazo con el que amenaza (340 millones) y ofrecer a la competencia los activos que queden después de saldar la sanción.

Francia ayudará

Este plan chirría, sin embargo, con la incertidumbre que la intervención de BPA ha generado entre los clientes minoristas. Desde el lunes, las sucursales de BPA están colapsadas (las colas para acceder a la ventanilla superan la hora) con ahorradores que pretenden retirar su dinero. La falta de confianza podría generar problemas puntuales de liquidez. Por ello, Andorra negocia en toda Europa para que BPA pueda acceder a recursos extraordinarios. Las conversaciones están particularmente avanzadas con la banca parisina, concretamente con Société Générale.

En Francia están dispuestos a echar un capote después de recibir garantías de que, efectivamente, el problema de BPA no es de liquidez, sino de las malas prácticas de cuatro directivos, encabezados por Joan Pau Miquel Prats (según sospecha el fiscal general andorrano). Si un gran grupo europeo rompe el hielo, BPA volvería al mercado interbancario de donde fue tácitamente expulsado a raíz del informe del Tesoro estadounidense. Las entidades andorranas serían las últimas en intervenir. Martí insiste en la solución de Crèdit Andorrà, que por ahora se hace el muerto.

El plantón de la banca local

El conjunto de las entidades locales, además, se ha negado a que el fondo de garantía de depósitos del Principado asuma el reembolso del 100% de los depósitos de los clientes, aunque los saldos fueran superiores a 100.000 euros.

El Ejecutivo confía, sin embargo, en que una vez normalizada la situación y fijado el valor actualizado de BPA, los banqueros competidores acepten participar en «una solución andorrana», como expresa un funcionario del Ministerio de Economía. Las resistencias actuales cederían con el tiempo. La última etapa de la hoja de ruta es la liquidación de BPA, fase a la que se llegaría una vez el banco se hubiera quedado en el esqueleto, con los depósitos de los clientes a salvo. Andorra espera que con estos tempos se amortigue el impacto laboral y minimizar los 270 puestos ahora amenazados.