Huguet achaca a sus subordinados las inspecciones del caso Hacienda

El denominado caso Hacienda va quemando etapas. La declaración de uno de sus principales protagonistas, José María Huguet, ha suscitado expectación, pero su intervención no ha aportado novedades. Básicamente se ha limitado a responsabilizar de las inspecciones a sus subalternos.

El que fue jefe de la Inspección de la Agencia Tributaria en Catalunya José María Huguet responsabilizó ea sus subordinados de las inspecciones hechas a empresas, por lo que se exculpó de su participación en la supuesta trama por la que algunos empresarios habrían sobornado a inspectores a cambio de ahorrarse impuestos.

   Huguet fue este lunes el primero en declarar en el juicio en la Audiencia de Barcelona por el denominado ‘caso Hacienda’. La Fiscalía solicita para este ex alto cargo 16 años de cárcel por delitos de prevaricación, falsificación documental y omisión del deber de perseguir delitos.

   En un prolijo interrogatorio de la Fiscalía Huguet explicó que eran los inspectores regionales adjuntos y los jefes de cada Unidad Regional de Investigación quienes decidían qué empresas se investigaban, propuestas que él casi nunca rechazaba.

   Huguet declaró también que en ningún caso halló irregularidades en las actas de inspección ni en las propuestas, ya que no tenía manera de comprobar su veracidad, por lo que confiaba en sus subordinados. «No podía ver algo que no veían mis adjuntos, que estaban más cerca», dijo.

   De hecho, tal como explicó, no se investigaba por iniciativa propia, sólo se hacía, afirmó, si llegaba una denuncia o una propuesta de la Unidad de Selección y Comprobación.

   El tribunal dictaminó este lunes que los delitos que se imputan a un total de 16 personas –entre ellos los empresarios Josep Lluís Núñez y Javier De la Rosa, no han prescrito, por lo que el juicio se celebrará como estaba previsto durante los próximos siete meses.

   En línea con la Fiscalía y la Abogacía del Estado, los tres magistrados de la Audiencia consideraron que el periodo de prescripción tiene que determinarse a partir del delito más grave, el de falsificación de documento oficial por parte de funcionario público, que es de diez años.

   Teniendo en cuenta que los delitos investigados terminaron a mediados de los  años 90 y que la investigación judicial empezó a finales de la misma década, la Sección Novena considera que no se pueden considerar prescritos.