Hacienda apuesta por rebajas en las sanciones fiscales
Desde Gestha han escrito 41 propuestas para la nueva ley antifraude con el objetivo de recaudar 6.200 millones de euros en un año
Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) proponen reducir las sanciones fiscales a la mitad en aquellos casos en los que haya conformidad y pago dentro del plazo establecido, en línea con las multas de la Dirección General de Tráfico (DGT). Son 41 propuestas para la nueva ley antifraude que se encuentran en un documento elaborado por el sindicato, entregado esta semana al director general de Tributos del Ministerio de Hacienda.
Los técnicos proponen establecer la reducción por pago en el 20% de la sanción inicialmente impuesta, de modo que la suma de ambas reducciones —por conformidad y por pago en plazo— dejen en la mitad la sanción final. Por otra parte, el anteproyecto que prevé aprobar este año el Gobierno podría establecer otra reducción añadida por el pago del 40% de la sanción reducida por conformidad, lo que dejaría las sanciones por debajo de la mitad de la sanción inicial impuesta.
Ante el aumento de las responsabilidades de los técnicos, que representan el 28,4% de la plantilla total de la Agencia Tributaria, Gestha propone crear un Cuerpo Superior Técnico de Hacienda, lo que supondría la habilitación de los 8.500 técnicos de Hacienda para llevar a cabo funciones superiores a las actuales.
Según asegura Gestha, de esta manera se duplicarían las actuaciones de control tributario y aduanero, así como el control de las subvenciones y las ayudas públicas previstas. También se intensificaría y mejoraría el control del gasto público, incrementando la eficacia en la prevención y reducción del fraude y del déficit público.
El objetivo: recaudar 6.200 millones de euros
Con las distintas propuestas, Gestha estima que podría liquidar en el plazo de un año cerca de 6.200 millones de euros adicionales a la recaudación prevista en el Plan de Control tributario 2018 y en la ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018.
Entre las otras propuestas se encuentra la restricción de la utilización del sistema de la estimación por módulos en el IRPF y el régimen simplificado del IVA. De esta manera se instauraría como norma general la estimación directa en el IRPF y el régimen general en el IVA. Esto ocurriría en todo caso excepto para los empresarios que destinen sus bienes o servicios únicamente al consumidor final no empresario dentro de los límites de facturación y compras vigentes.
También se propone la modificación de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva para incluir un nuevo requisito que establezca un límite máximo en el porcentaje de participación en una SICAV del 5% del capital social máximo de la sociedad fijado estatutariamente, o de su compartimento. Para evitar el fraude fiscal generalizado en las transmisiones de inmuebles ve conveniente trasladar los valores de referencia —o en su caso de mercado— para el IVA.
Otra propuesta es que el valor de referencia o el valor de mercado sea el valor máximo que deba figurar en la base imponible del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en aquellas Comunidades Autónomas que las han bonificado, especialmente para los herederos que cuentan con bonificaciones al 90% o 99%, con tal de evitar declarar pérdidas artificiales en el IRPF con la venta posterior de los inmuebles heredados. Además, apuesta por reforzar y ampliar el control posterior y la auditoría, según informa Europa Press este domingo.