Fiscalía pide tres años y seis meses de prisión para Ricard Pagès por el ‘pensionazo’
El fiscal acusa a él y a tres directivos más de un delito societario de administración desleal
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado tres años y seis meses de prisión para el ex presidente de Caixa Penedès, Ricard Pagès, por su pensionazo. El fiscal Emilio Sánchez Ulled le acusa a él y a tres ex directivos de confianza de un delito societario de administración desleal. La cúpula de la antigua caja se habría garantizado ilícitamente unos planes de pensiones millonarios.
Sánchez Ulled pide tres años de cárcel también para el antiguo director general de la entidad financiera, Manuel Troyano, y para dos altos cargos: Santiago José Abella, y Juan Caellas. En total, los directivos se adjudicaron 31,6 millones de euros en pólizas, aunque finalmente percibieron alrededor de 14 millones.
Pólizas opacas
En su escrito de calificación, el fiscal acusa a Pagès y a su círculo próximo de actuar “de común acuerdo» para generar obligaciones económicas para su beneficio particular y en perjuicio de la entidad, actuando «de espaldas a los máximos órganos colegiados de la misma”.
Esta afirmación contrasta con las declaraciones de los acusados en el proceso de investigación. Los directivos señalaron durante los interrogatorios que sus pólizas fueron autorizadas por los órganos adecuados.
Cantidades
Ulled indica que con esta estrategia a largo plazo para cobrar grandes cantidades de dinero los directivos desbordaban su marco laboral. “A partir del 2001 y en ejercicios sucesivos, los acusados se autoconciederon derechos económicos no contemplados en sus contratos”, indica.
Así, Pagès se adjudicó 11,6 millones de euros entre las pólizas y el plan de pensiones. Por su parte, Santiago Abellà cobró 1,8 millones de los 5,7 millones inicialmente propuestos. El fallecido Jaume Jorbà se adjudicó 2 millones de los 3,3 previstos. Troyano debía percibir 5,7 millones mientras que Caellas 4,8 millones. Ninguno de los dos ha recibido cantidad alguna.
El fiscal ha solicitado que Pagès, Abellà y los herederos de Jorbà devuelvan el dinero.
El fin de la trama
El Ministerio Público también indica que la situación descrita “dio un vuelco en el momento en que, a raíz de la crisis del sector financiero en el 2009, se endureció el marco normativo y de control de las entidades crediticias, en particular en lo relativo a las remuneraciones del sector financiero”.
A ello, se unió el contexto de reestructuración de las cajas con la integración de Caixa Penedès en Banco Mare Nostrum (BMN) y la consecuente inyección de dinero público del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que suposo más control de las interioridades de la entidad. “Este convulso entorno generó la lógica preocupación en el acusado Pagès y su equipo directivo más cercano, pues todos ellos eran perfectamente conscientes de que se habían atribuido abusivamente derechos económicos no sustentados por su respectivos contratos”.
