El Tribunal de Cuentas culpa al Frob de llevar al límite a CatalunyaCaixa

El Tribunal de Cuentas culpa al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) de llevar al límite a CatalunyaCaixa una vez se convirtió en accionista mayoritario de la entidad. La institución presidida por Ramón Álvarez de Miranda asegura que el organismo pública agravó la situación y supuso “un perjuicio para la gestión ordinaria”.

Justifica que la lentitud en nombrar a todos los consejeros a los que tenía derecho en la caja catalana retrasó el plan de saneamiento. El Frob tomó el control de CatalunyaCaixa en octubre de 2011 pero no ejerció los derechos políticos que le correspondían hasta el año siguiente, recuerda el Tribunal en el documento remitido al Congreso de los Diputados, difundido por Europa Press.

Todó y Masana

De hecho, Carlos Pla no fue nombrado presidente hasta mayo del pasado ejercicio. Adolf Todó y Jaume Masana encabezaron la cúpula del banco en la etapa inmediatamente siguiente a la nacionalización. Ambos directivos abandonaron CatalunyaCaixa con un suculento y polémico pensionazo que les ha llevado al banquillo de los acusados.

“El Frob no actuó con la debida diligencia en adoptar las medidas que, como accionista mayoritario, le permitía la normativa específica de reestructuración y la general reguladora de las sociedades de capital”, señala en el informe. Esta actuación “pudo contribuir a dificultar el cumplimiento de los objetivos de promover las soluciones y adoptar las medidas necesarias para resolver la situación en que se encontraba la entidad y velar por sus intereses».

El banco ha presentado por primera vez beneficios este 2013. Pla ha cerrado el ejercicio con unas ganancias de 532,2 millones de euros que contrastan con los 11.856 millones que perdió el año anterior.

Más fiscalización

La institución también carga contra el Frob por no realizar correctamente su misión de fiscalizador de las entidades nacionalizadas. Especialmente en la aplicación de políticas comerciales agresivas.

El Tribunal afirma que los bancos intervenidos se saltaron la norma y la institución pública no las frenó, ya que no realizó correctamente el seguimiento que requerían. El documento asegura que existen indicios de que se infringió la norma “al menos entre junio de 2011 y agosto de 2012”.