El Supremo esquiva el paso en falso con las ‘revolving’ tras el AJD
El alto tribunal tiene que determinar si los intereses que se cobran en este tipo de tarjetas se pueden considerar usura
La sentencia de la sala de lo Civil del Tribunal Supremo (TS) sobre los intereses de las tarjetas con pago aplazado o «revolving» tardará en conocerse, según han informado fuentes jurídicas a EFE, que descartan que este miércoles vaya a difundirse el fallo de los magistrados. No obstante, todavía no ha trascendido el día en el que el alto tribunal hará público su veredicto sobre el recurso de casación, presentado por Wizink, contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria.
El alto tribunal, que tendrá que valorar si los intereses aplicados se pueden considerar usura, creando jurisprudencia sobre este tipo de tarjetas, puede afectar a más entidades financieras y también a emisoras de papel de plástico no bancarias. Tal como adelantó Economía Digital, la sentencia coindice con un momento récord en volúmenes pendientes de pago en tarjetas en España.
En diciciembre de 2019, de acuerdo con datos provisionales del Banco de España, el volumen de crédito ligado a estos contratos alcanzó los 13.620 millones de euros, su cifra más alta en toda la estadística, probablemente alentada por la campaña de consumo de Navidad. De hecho, el anterior récord se produjo justo en diciembre de 2018, cuando también se rebasó la barrera de los 13.000 millones, aunque con menos rotundidad, al colocarse en los 13.032 millones.
El Supremo parece que ha optado por la prudencia antes de difundir una sentencia incompleta. No hace ni dos años de la crisis generada por un cambio de criterio sobre el obligado tributario en el pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados, que provocó una crisis enorme en el sector, y que obligó a volver a reunir al pleno para desdecirse y señalar que el hipotecado era el obligado. Las posibles repercusiones fiscales -el Estado era el que iba a tener que devolver el impuesto- y el impacto sobre la banca, provocó además un problema reputacional respecto al alto tribunal.
Pedro Sánchez aprovechó el momento para cambiar la Ley y obligar a la banca a pagar este impuesto. Por el momento, el Ejecutivo no ha publicado todavía la orden que debe regular este tipo de créditos y se centra más en los problemas de transparencia, que en los tipos de interés que se aplican.
Es un proyecto previo al pacto entre PSOE y Unidas Podemos, por lo que no se descarta que el partido que lidera Pablo Iglesias quiera añadir su propio grano de arena.
¿Usura o transparencia?
Los usuarios bancarios, que están pendientes de dos importantes decisiones judiciales estos dias -el día 3 de marzo se pronunciará Europa sobre el IRPH– piensan que, independientemente de la visión que pueda dar el tribunal respecto a los intereses que se aplican-, otra de las vías que estarían encontrando para las reclamaciones es la transparencia en la información de estas tarjetas.
Asufin sigue este modelo en varias de las demandas de sus asociados y señala que los tribunales que está obteniendo el apoyo de la Justicia.
