El Santander, Saracho, Ron y el Popular ponen a prueba a Europa
El proceso judicial es clave porque puede crear condicionantes para los modelos de resolución ideados por Bruselas
Más de dos años después de la compra de Banco Popular por un euro, este miércoles arranca la fase de instrucción del juicio contra los ex administradores imputados del banco en los años previos al rescate. Emilio Saracho, presidente en el momento del rescate, será el primero en declarar en la Audiencia Nacional, mientras que el turno de Ángel Ron está previsto para el 30 de octubre. Entre ambos, el juez escuchará al exvicepresidente Roberto Higuera (8 de octubre) o al exconsejero delegado Francisco Gómez Martín (15 de octubre).
En esta fase del juicio, las declaraciones no serán públicas, pero fuentes cercanas al proceso, explican que se espera que ambos mantengan unas argumentaciones muy similares a las que ensayaron durante sus intervenciones en la comisión del Congreso sobre la crisis financiera. Ángel Ron culpó de la caída a la administración del equipo que tomó las riendas del Popular tras su salida, mientras que Emilio Saracho responsabilizó de la situación del banco a los antiguos gestores. Ambos comparten un objetivo común que es evitar la cárcel.
La causa está calificada como compleja, por lo que el juez ha exigido a los demandantes que se agrupen en ocho grupos distintos, tratando así que la apertura del juicio oral lo convierta en interminable. Accionistas y bonistas, con una exposición al Popular valorada en aproximadamente 2.000 millones, se han querellado contra los administradores del banco.
En paralelo a este proceso, también han demandado a la JUR (Junta Única de Resolución) en Luxemburgo, esgrimiendo que la liquidación del banco se realizó sin una subasta en la que se les diera alguna alternativa a participar y reclamando que se anule la resolución. Sobre esta vía no se esperan avances hasta 2020 y el objetivo final de los demandantes es poder recuperar al menos una parte de su capital.
Banco Santander, ¿hubo oferta de compra?
Los accionistas y bonistas del Popular dudan sobre el precio pagado por Banco Santander. Para ellos, uno de los temas clave que se podría resolver durante el juicio es conocer si, efectivamente, en algún momento previo a la caída del banco Emilio Saracho recibió una oferta de 2.000 millones del Banco Santander y también si contaba con el respaldo escrito de algunos inversores a una ampliación que nunca se produjo, porque finalmente la JUR resolvió el banco vendiéndolo a la firma que preside Ana Botín.
El Santander heredó del Popular la imputación penal en la causa que instruye la Audiencia Nacional, pero, tras recurrilo, le ha sido retirada. El banco, sin embargo, no podría eludir responder por posibles responsabilidades civiles y desde el rescate de su entonces competidor en 2017 ya advierte de que le resulta muy complicado valorar el posible impacto legal de la adquisición.
Una de las razones es que no existe precedente. El Banco Popular ha sido la única entidad resuelta por la JUR desde su creación. De hecho, justo como se salve el proceso legal puede ser una de las claves para que otras entidades acudan o rechacen participar en un proceso como el del Santander, si no se les da garantías.
«En este momento no es posible prever el total de las demandas y reclamaciones adicionales que podrían presentarse por los antiguos accionistas, ni sus implicaciones económicas (especialmente considerando que la decisión de resolución en aplicación de la nueva normativa no tiene precedentes en España ni en ningún otro Estado miembro de la Unión Europea, y que es posible que las reclamaciones futuras no especifiquen una cantidad concreta, aleguen nuevas interpretaciones legales o impliquen un gran número de partes)», señalaba la entidad financiera en su último informe semestral.
Banco Santander contaba a 30 de junio de este año con cerca de 2.800 millones, consignados como provisiones para «otros» litigios de naturaleza legal y como «otros», dentro las provisiones para cuestiones procesales.
Desde la banca se ha pedido a las autoridades europeas, que eviten que los bancos que tomen el control de un competidor en un proceso de este tipo asuman responsabilidades económicas legales. Sin embargo, esta petición choca con el espíritu con el que Bruselas ha impulsado el sistema de resolución, que lo que persigue es que no sean los estados -y en consecuencia los contribuyentes- los que asuman el coste de la caída de un banco.
