El Govern apela al Constitucional para que mantener el estatus comercial en Cataluña
La Generalitat intenta evitar la suspensión de la moratoria sobre nuevos establecimientos fuera del área urbana
La Generalitat se personará ante el Tribunal Constitucional para defender la normativa catalana de equipamientos comerciales mientras no se haya producido un pronunciamiento definitivo sobre el conflicto de legislaciones.
En respuesta al nuevo recurso interpuesto por el Gobierno contra la medida del Govern de suspender la posibilidad de implantar nuevos equipamientos comerciales fuera de la trama urbana consolidada, el gobierno de Artur Mas ha acordado solicitar al Tribunal Constitucional que levante la suspensión cautelar que opera automáticamente para la admisión a trámite.
Una moratoria a la espera del fallo
La normativa catalana recurrida por Madrid establece una moratoria en la implantación de establecimientos comerciales fuera de la trama urbana consolidada mientras no se apruebe una nueva ley del comercio, servicios y ferias. Con esta disposición, el Govern limita la implantación de medios y de grandes equipamientos comerciales en zonas periféricas, aislados de los núcleos urbanos.
Contra el fracking
El Gobierno también defenderá la constitucionalidad de dos aspectos más de la misma ley también impugnados. Se trata del artículo que prohíbe la fractura hidráulica en Cataluña.
El Gobierno defiende la constitucionalidad del artículo, que modifica el texto refundido de la ley de urbanismo para limitar la tecnología de la fracturación hidráulica o fracking en Cataluña cuando pueda tener efectos negativos sobre las características geológicas, ambientales, paisajísticas o socioeconómicas de la zona.