El FROB y Bankia asumirán unos 600 millones por las pérdidas de la OPV

El Estado, a través del holding BFA, y Bankia asumirán un coste de unos 600 millones de euros para indemnizar a los inversores que adquirieron acciones de la entidad financiera en la oferta pública de venta (OPV) de 2011, según fuentes cercanas a la entidad.

De esta cuantía, el Estado afrontaría unos 372 millones derivados de su participación del 100% en el holding BFA, que controla actualmente el 62,5% del banco que preside José Ignacio Goirigolzarri. Las mismas fuentes explicaron que la cifra global es una estimación ante una eventual pérdida que aún no se conoce. El 37,5% restante -alrededor de 228 millones de euros- deberá ser sufragado por Bankia, cantidad que lleva implícita una contribución indirecta del Estado al ser accionista mayoritario de la entidad. El ministro de Economía, Luis de Guindos, reconocía este punto en una entrevista con Reuters, en la que admitió que la entidad asumiría un máximo de 250 millones.

En total, se baraja una cifra tope de 600 millones de euros para afrontar posibles litigios, que pueden multiplicarse después de que el informe de los peritos detectara irregularidades contables en la salida a Bolsa de la entidad. En el pago de indemnizaciones se aplicará el concepto de primera pérdida, de modo que el que primero tenga que responder a los costes derivados del proceso deberá asumir hasta el porcentaje que le corresponda, mientras que el segundo responderá hasta alcanzar la cifra fijada como tope.

Diferentes tesis

Frente a la tesis de algunos expertos, que defienden que Bankia es la que debería correr con el grueso del coste de las indemnizaciones y no BFA, en las conversaciones entre el Gobierno, el FROB y Bankia ha pesado el hecho de tratarse de una entidad cotizada cuya acción podría acusar el golpe si se ve penalizada con nuevos cargos.

Este argumento cobra especial relevancia cuando el objetivo del FROB es seguir privatizando la entidad y maximizar los ingresos que obtenga de la venta de nuevos paquetes accionariales al objeto de devolver la mayor parte de las ayudas recibidas cuando se rescató la entidad. Ello encaja con el objetivo del Gobierno de minimizar en lo posible el coste para el contribuyente.