El crimen de las cajas ya tiene su castigo

La lección de la crisis de las cajas gallegas (y españolas) con sangre comienza a entrar. De ello se ha encargado la Audiencia Nacional, a través de un auto de ingreso en prisión para una parte troncal de lo que fue el sistema financiero gallego, tal y como lo conocíamos hasta hace unos años. La crisis y sus consecuencias contribuyen a explicar lo sucedido este lunes, como colofón a un proceso judicial que parecía inocuo para los directivos de las indemnizaciones millonarias. 

Una sentencia en apariencia ejemplar, por ser prácticamente la primera tras el fiasco de las cajas de ahorros, que conllevaba incluso penas de cárcel, pero que se quedaba un paso por detrás, al límite que representa esa barrera de los dos años de prisión, lo que hace que el condenado, en este caso cinco ejecutivos, si no tiene antecedentes penales, evite por lo general pisar la trena. Devuelva usted el dinero del que se apropió indebidamente, que ni eso, sométase al oprobio público de una condena, eso sí, sin pena efectiva de cárcel, pague las costas de este lío y a correr.

Sin embargo, algo se ha torcido aún más para los condenados en todo este proceso, inmerso todavía en recursos por parte de los directivos de las cajas, paradójicamente todos procedentes de Caixanova. ¿Ejemplaridad ante lo que está por llegar para otros? ¿Una prueba palpable de que el sistema funciona para todos? 

En la antología de las bancarrotas patrias quedarán grabados para siempre sus nombres, y en su propia piel el día de que pisaron las prisiones de Soto del Real y A Lama por primera vez. El octogenario Julio Fernández Gayoso, director general de Caixanova desde nada menos que 1965 y presidente de la caja fusionada, siempre cultivó un encanto que no le impidió, al final de su carrera, abrir la caja de los truenos de esos contratos ahora fraudulentos, siendo el cooperador necesario de una trama urdida, así lo califica la sentencia del Supremo, ante el precipicio al que se asomaba la caja fusionada. 

Tras Fernández Gayoso, sus cachorros, los beneficiarios de las mejoras por los que fueron condenados por apropiación indebida y administración desleal. Comenzando por José Luis Pego, el más fiel, que llegó, para perplejidad de casi todos, a director general de Caixanova. Goyo Gorriarán era el más pillo de esta historia de pillos. Responsable de la división inmobiliaria y guardián de los secretos de infinidad de fiascos del ladrillo, formaba un tándem muy equilibrado con otro incondicional de primera hora de Gayoso como era Óscar Rodríguez Estrada, hombre puente con el norte en la fusión después de haber llegado a lo más alto desde un sindicato amarillo en Caixanova. Salió indemne de este envite el abogado Javier García de Paredes. 

Y el final de la historia de las indemnizaciones millonarias, «inequívocos actos apropiatorios con fines de lucro personal y no meros excesos o abusos» en el marco de sus competencias, según el Supremo, también es bochornoso. A los condenados no les queda más recurso que el amparo ante el Constitucional. No hay opción. 

El giro que tomaron este lunes los acontecimientos para los condenados por las indemnizaciones no acaba con su ingreso en prisión. Ni mucho menos.  Aunque quizá esta vez sea muy tarde, los nuevos golpes llegarán en forma de escritos de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, a la que llegaron al menos una docena de operaciones irregulares firmadas por los gestores de las malogradas cajas gallegas. Fue el propio Estado, el FROB, quien activó las denuncias, prácticamente todas relacionadas con el ladrillo.  

La agonía judicial de las cajas no ha acabado, por tanto. La temeridad, hasta la quiebra, con la que tomaron decisiones sus directivos (también José Luis Méndez, en Caixa Galicia, el más audaz y ausente de todos) se volverá a sentar en el banquillo. Y esta vez, más allá de las indemnizaciones ilegales, será para hacer justicia con Galicia y determinar hasta qué punto los riesgos asumidos fueron simple y cutre osadía. ¿Y Méndez? ¿Qué pensará de todo esto?