El Consejo de Ministros aprueba el hachazo fiscal a las empresas
El Consejo de Ministros aprueba los anteproyectos de ley de la tasa Google y la tasa Tobin, que suponen un golpe fiscal de 2.050 millones a las empresas
Los presupuestos de Pedro Sánchez para el 2019 basan su subida del gasto público en la introducción de más ingresos a partir de nuevos impuestos. Algunos de ellos son la conocida como tasa Google y la tasa Tobin. El Consejo de Ministros da luz verde este viernes a los anteproyectos de ley que crean dichos impuestos.
Estas tasas suponen un golpe fiscal de 2.050 millones de euros para las empresas. Estaba previsto que los impuestos operaran desde enero y, en último término, que hubieran entrado en el Congreso en diciembre, por lo que llegan con retraso para su tramitación.
El Ejecutivo pretende recaudar unos 1.200 millones de euros con la tasa Google, un impuesto sobre determinados servicios digitales. Este establece un gravamen del 3% sobre los ingresos obtenidos por publicidad, servicios de intermediación y venta de datos online.
El tributo se liquidará trimestralmente y se aplicará a las tecnológicas que facturen más de tres millones de euros en España y 750 millones en el resto del mundo. La ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Además, para asegurarse de su cumplimiento, la normativa prevé sanciones de hasta el 0,5% del importe neto de la cifra de negocios para las empresas que traten de ocultar la ubicación del usuario de esos servicios mediante el falseamiento u ocultación de la dirección IP.
Impuesto de transacciones financieras
El impuesto sobre transacciones financieras -o tasa Tobin- que prevé recaudar 850 millones de euros, consiste en un gravamen del 0,2% sobre las operaciones de compraventa de acciones de empresas españolas con una capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros.
Estas empresas aparecerán cada año en un listado que publicará Hacienda y habrá una declaración anual y una liquidación mensual. También entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el BOE.
La tasa no afectará a las salidas a Bolsa, reestructuraciones empresariales, operaciones entre sociedades del mismo grupo ni cesiones temporales, la deuda y los derivados.
Además, queda pendiente la validación del anteproyecto de lucha contra el fraude, que se aprobará más adelante y es otra parte de los 5.678 millones de euros de ingresos adicionales del ejecutivo pretende obtener en los presupuestos.
La lucha contra el fraude engloba medidas como la limitación de pagos en efectivo, que suponen 218 millones de euros para las arcas públicas y reforzar la lista de morosos, que ingresa 110 millones. Las medidas internacionales de lucha contra el fraude suponen 500 millones de euros. En total, 828 millones de euros de impuestos.
