El banco malo de España da su brazo a torcer: cede viviendas para alquiler social

La Sareb destinará parte de su cartera inmobiliaria al alquiler social. Desde que se fundó el banco malo de España, en agosto de 2012, se había resistido a las demandas de las administraciones (tanto Comunidades Autónomas como locales) de dar este paso. Catalunya es la primera que se beneficiará del cambio de signo de la institución liderada por Belén Romana. La Generalitat ha firmado un acuerdo de cesión temporal de 600 viviendas que se dedicarán al alquiler asequible.

El pacto inicial contempla que el precio que pagarán los inquilinos se sitúa entre los 150 y los 400 euros mensuales durante cuatro años prorrogables a uno más, cuando vence la cesión. La principal ventaja para el banco malo es que se ahorra abonar gastos de comunidad, seguros, tasas y tributos de las viviendas, que se reparten en 72 municipios. A partir de ahora, serán los nuevos inquilinos quienes deberán hacer frente a estas facturas. La Generalitat, por su parte, se hará cargo de los gastos de gestión y administración de las viviendas.

Sin ceder los bloques ocupados

Los inmuebles incluidos en la operación son los llamados “viviendas atomizadas”, indican fuentes de la Sareb. Es decir, los pisos individuales que las entidades financieras les han traspasado. No aparece ningún edificio en el contrato de cesión, ya que el banco malo considera que es más atractivo para los inversores privados apostar por bloques de viviendas que no comprar al detalle.

No se destinará al alquiler social el edificio ocupado por la Plataforma de Afectados de la Hipoteca (PAH) en Sabadell (BCN) en el que viven 146 personas, 58 de ellas menores de edad, ni el bloque de Salt (BCN) que fue desalojado por los Mossos d’Esquadra el pasado diciembre.

En este caso, la institución presidida por Romana no ha cambiado de parecer. Mantienen que la ocupación es ilegal y que lo único que pueden hacer es denunciarla y esperar el desalojo para rentabilizar el inmueble.

Más comunidades

El modelo seguido para la cesión es que la Generalitat, mediante el departamento de Territori i Sostenibilitat, será la arrendadora de las viviendas, a pesar de que sean los servicios sociales de los gobiernos municipales los encargados de determinar qué familias se beneficiarán del alquiler social. Cuando terminen los cinco años de cesión, la Sareb recuprerará los activos y se subrogarán los contratos. Los inquilinos deberán comprometerse a realizar todas las mejoras en las viviendas que se requieran.

Romana ha reconocido que mantienen conversaciones con otras ocho Comunidades Autónomas para firmar nuevos pactos en este sentido.