Del Valle inicia un arbitraje internacional contra España por el Popular

 Antonio del Valle ha iniciado el proceso de arbitraje internacional contra España por las pérdidas de su inversión en Banco Popular. El empresario mexicano ha decidido emprender esta vía tras activar el procedimiento en enero y no haber obtenido respuesta por parte del Gobierno.

Del Valle ha presentado dos solicitudes de arbitraje junto con otros inversores mexicanos. Una en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), de Banco Mundial, y otra en las Naciones Unidas. Los empresarios alegan que el gobierno español tomó medidas que dañaron estructuralmente la situación financiera de Banco Popular antes que hubiera una resolución firme.

Antonio del Valle prevé recuperar el 100% de la inversión

Según adelanta Expansión, Del Valle prevé recuperar los más de 470 millones de euros invertidos en la entidad financiera española, de la que controlaba, junto a otros inversores aztecas, el 4,28% del banco.

El papel del Gobierno

En el litigo extrajudicial, Antonio del Valle, asesorado por el bufete estadounidense Kirkland & Ellis, incide en que el gobierno de Mariano Rajoy no tomó las medidas necesarias para ayudar al Popular a superar la crisis de liquidez a la que se enfrentaba la entidad en los últimos meses.

Asimismo, el equipo jurídico del empresario mexicano acusa al ejecutivo español de hacer declaraciones públicas que afectaron directamente a la reputación del Popular. En concreto, señalan la declaración del por entonces ministro de Economía Luis de Guindos en mayo de 2017: “No inyectaremos recursos públicos al Popular”.

Según Del Valle, estas declaraciones provocaron la caída definitiva de la entidad. En los documentos presentados en por el equipo jurídico del empresario mexicano se incide en que el Gobierno dirigió la venta de Banco Popular a Banco Santander.  

El arbitraje internacional: un proceso extrajudicial

El arbitraje internacional es un mecanismo de resolución extrajudicial de conflictos entre inversores y estados.

El caso queda en manos de un arbitraje internacional, dirigido por un tribunal, tras la falta de acuerdo entre el ejecutivo español y el empresario mexicano. Los expertos propuestos por ambas parte deberán acordar quién preside el tribunal y dónde se celebra.

El proceso puede durar entre 18 meses y cinco años, lo que puede coincidir con la resolución del final del proceso abierto que tiene Del Valle, junto a otros inversores en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, también por el caso Popular.