Bruselas pide más ajustes en CatalunyaCaixa
La Comisión exigirá la venta de la división de banca privada, más desinversiones, el repliegue a Catalunya y el adelgazamiento de la plantilla
La Comisión Europea (CE) se pondrá dura con CatalunyaCaixa. La decisión del Frob de mantenerse en el capital como mínimo tres años más forzará la revisión de los ajustes en la entidad dirigida por Adolf Todó, según ha podido contrastar Economía Digital en fuentes conocedoras de esas intenciones.
Este mismo mes se analizará si el adelgazamiento de la institución planteado hace meses es compatible con la permanencia a largo plazo del fondo público en el capital. Bruselas entiende que CatalunyaCaixa sólo debería prestar servicios de banca minorista y abandonar el resto de actividades. Con toda probabilidad empezarán por la división de banca privada.
La Comisión autorizó en noviembre la reestructuración diseñada por CatalunyaCaixa y el Frob con la vista puesta en su inminente privatización. Aparcada la venta sine die, aunque con el horizonte puesto en 2016, la Comisaría de Competencia propondrá reducir aún más el terreno de juego de la antigua caja catalana.
Competencia desleal
En este sentido, los de Todó recibirán el mismo trato que Bankia, confirman fuentes comunitarias a este diario. Las desinversiones, el cierre de oficinas y los despidos están sobre la mesa. Los hombres de negro, sobrenombre que recibe la delegación de inspectores comunitarios que trabajan en el Frob, han advertido de que la división de banca privada de CatalunyaCaixa puede venderse con facilidad a precios razonables.
En un año ha captado 100.000 clientes que han aportado un volumen de 15.000 millones de euros. El crecimiento anual es del 8%. Según los criterios de Bruselas, se está ejerciendo competencia desleal en un mercado típico de los bancos privados. Sin embargo, esta área es una de las preferidas del presidente y del director general de la entidad, Adolf Todó y Jaume Massana, respectivamente. Ambos han destacado en esa gestión, tanto ahora como en su anterior ocupación (Caixa Manresa), donde se significaron por su gestora de fondos de inversión.
Garantía del Estado
Con los fondos de esos clientes y la garantía de los recursos públicos se invierte en energías renovables, oportunidades inmobiliarias, la compra de edificios y locales de negocios (bajo la fórmula sale & lease back –consistente en la compra de sedes corporativas para alquilarlas al antiguo propietario—). Además, se administran algunas sociedades patrimoniales (sicav).
Como Bankia
Pero como Bankia, deberá prescindir de ese negocio. Sólo podrá desarrollar servicios atribuidos, históricamente, a las cajas. Es decir, la custodia de ahorros y evitar la exclusión financiera de la población. La vuelta a los orígenes irá acompañada del cierre de 400 oficinas y del despido de entre 2.500 y 3.000 trabajadores. Estos puntos ya estaban previstos.
El negocio de banca privada, dirigido por David Griera, no será el único a abandonar. La fusión de las cajas de Catalunya, Tarragona y Manresa no podrá vender hipotecas. El negocio del crédito se limitará a las pymes y a proyectos con fines sociales. También tendrá limitaciones para captar pasivo (ahorros). No podrá pagar intereses por encima de la media (extra tipos) o remunerar con alternativas los depósitos que pretenda atraer.
Mercados mayoristas
El plan de la comisaría dirigida por el español Joaquín Almunia (PSOE) pretende expulsar a CatalunyaCaixa también de los mercados mayoristas. Por ejemplo, no podrá suscribir emisiones de deuda pública y deberá deshacer las operaciones actuales.
Ni el Frob ni CatalunyaCaixa han sido notificados sobre esas intenciones. En ambos casos se remiten al plan de reestructuración aprobado por la propia Comisión Europea hace cinco meses.