Bruselas aplaza la multa a España para después del verano

La posible multa a España y Portugal por saltarse reiteradamente el protocolo de déficit excesivo volverá a sufrir un oportuno retraso. La Comisión Europea reiniciará el debate sobre la sanción esta semana, como estaba previsto, pero entre la burocracia comunitaria y que tienen que ser los estados miembros los que tomen la decisión definitiva, la decisión quedará para después del verano. Rajoy podrá ver el Tour tranquilo.  

Con este nuevo retraso, Bruselas y España ganan tiempo. El ejecutivo comunitario da unos meses a Mariano Rajoy para que forme gobierno y reafirme su compromiso con el déficit, que pueda dar a la CE un pretexto para dejar al país sin sanción. España cerró 2015 con un desequilibrio presupuestario del 5,1% de su PIB, casi un punto por encima del 4,2% de objetivo.

Primer retraso  

El colegio de comisarios de la Comisión estudiará este martes la multa a España y Portugal, pero está previsto que no tomen una decisión hasta el jueves. Un retraso leve pero clave. La decisión que se tome se trasladará como una recomendación, que posteriormente deberá ser respaldada por los ministros de Economía y Finanzas de los estados miembros.

Éstos podrían votar en la reunión del Ecofin del 12 de julio. Sin embargo, fuentes comunitarias han adelantado a Efe que la cuestión sólo está incluida en el orden del día de la reunión de ministros de Economía y Finanzas de manera provisional. Es decir, que se desconoce si se podrá abordar.    

El motivo de esta incógnita es que el retraso en la recomendación de esta semana, del martes al jueves, no deje tiempo para preparar la reunión del 12 de julio. Toda una treta para tener que posponer la multa al próximo Ecofin, que se celebrará ya después del verano.

División entre los estados miembros

Tampoco está claro qué decisión tomarán los estados miembros. Algunos se han pronunciado abiertamente a favor de la sanción, como Alemania, pero otros, como Italia, la han rechazado. Se necesita el voto favorable de la mayoría para multar a un Estado. La sanción que debería de pagar España podría rondar los 2.000 millones de euros.

Si, tras una recomendación de sanción por parte de Bruselas, los países decidieran respaldar la multa, la CE tendría 20 días para proponer una cifra, que volvería a tener que pasar el filtro de los estados miembros. Aun así, Bruselas podría reducirla o cancelarla si España, o el país afectado, alega y presenta motivos razonables, o ante circunstancias económicas excepcionales.