Así han detenido a Joan Pau Miquel Prats, consejero delegado de BPA

El consejero delegado de Banca Privada d’Andorra (BPA), Joan Pau Miquel Prats, estaba en su casa a la hora de la cena, cuando, pocos minutos después de las nueve de la noche, tres patrullas de la policía andorrana rodearon el domicilio. Seis agentes tomaban el control del inmueble por orden del fiscal general del país pirenaico. El cometido era doble: arrestar al banquero, la mano derecha de los hermanos Cierco, y registrar minuciosamente el hogar de este hombre reservado y temeroso.

La policía escrutó la casa de Prats a conciencia pero pusieron especial ahínco en el garaje: buscan pruebas de un delito de blanqueo de capitales, con el agravante, según las sospechas del fiscal, de ser continuado. Alrededor de la medianoche, Prats subía a uno de los coches patrulla para su trasladado a la comisaría central. Allí pasará las próximas 48 horas. Antes del lunes la fiscalía general de Andorra debería sustanciar la acusación y ponerle a disposición judicial; o bien, dejarle en libertad.

Registros en la sede de BPA

Esta segunda opción parece por ahora la menos probable. El fiscal ha extendido los registros a la sede central de BPA, en Escaldes-Engordany. Durante la mañana del sábado, la policía ocupa los despachos de la zona noble del banco de la familia Cierco en busca de más pruebas sobre la colaboración de la entidad con el crimen organizado. El ministerio público tiene la certeza de que Prats, como mínimo, habría ingresado comisiones de la mafia china a cambio de centrifugar los importes provenientes de la trata de personas.

Las sospechas aún no son acusaciones. El fiscal actúa bajo el paraguas del contundente informe que redactó el Tesoro estadounidense: «Centenares de millones» en blanqueo de capitales del crimen organizado y el «reparto a granel» de sobornos son los dos principales y presumibles delitos que los inspectores estadounidenses narran con una dureza inaudita en los siempre asépticos informes oficiales.