Ángel Ron endosó acciones del Popular a siete de cada diez trabajadores

Antes de ser sacrificado, el Banco Popular luchó por mantenerse a flote. Lo hizo, en la etapa en la que Ángel Ron ocupaba la presidencia, por medio de dos ampliaciones de capital a las que acudieron, no solo los accionistas particulares de la entidad, sino también sus propios trabajadores. Según denuncian los sindicatos, más del 70% de los empleados adquirieron nuevas acciones con el convencimiento de que así mantendrían la independencia del banco y garantizarían su viabilidad.

Pero nada más lejos de la realidad. El pasado miércoles, estos trabajadores se despertaban con la noticia de que el Santander se hacía con el banco por solo un euro a cambio de asumir su deuda. La totalidad de las acciones pasaba, pues, a manos de la entidad que dirige Ana Patricia Botín. Habían perdido toda su inversión.

Hoy, casi una semana más tarde, la plantilla admite que todavía permanece en estado de ‘shock’. Su mayor preocupación es saber qué va a pasar con sus puestos de trabajo, pero más adelante no descartan emprender acciones legales, incluso constituir una plataforma, para tratar de recuperar por la vía legal parte del dinero perdido.

La principal preocupación de la plantilla del Popular es saber qué va a pasar con los empleos

Como apunta Joan Sierra, secretario general de la Agrupación del Sector Financiero de Comisiones Obreras (CCOO), el número de afectados entre los trabajadores es “elevado”, en torno a un 75%. Muchos de ellos, como sucede cuando hay presión comercial por parte de la empresa, decidieron acudir con su capital a la ampliación, pero otros, ante la falta de liquidez, aprovecharon las “ventajosas opciones de financiación” que les ofrecía el Popular para hacerse con las nuevas acciones, lo que a la larga se ha traducido en “una doble penalización”.

Javier Castro, de UGT, explica que el banco facilitaba a los trabajadores anticipos de nómina en función de los niveles de ingresos de cada uno. A pesar de no tener ya los títulos en su poder, esos empleados ven como cada mes se les descuenta de sus sueldo una cantidad para financiar una operación por la que no van a obtener beneficio alguno. Ni siquiera tienen ya la posibilidad de recuperar lo invertido, lo mismo que sucede a los clientes de la entidad, a los que también se les ofrecían préstamos para acudir a la ampliación “en condiciones mucho mejores a las del mercado”.

“Aún no acabamos de entender lo que ha pasado. Nosotros mismos apostábamos por la empresa y se presumía que más tarde o más temprano los títulos iban a subir. Creíamos apostar a caballo ganador”, reconoce. De momento, señala que “lo prioritario es el empleo” y que, como sindicato, es en lo que van a centrar sus esfuerzos. No obstante, admite que “desde dentro” también pondrán todo su empeño en ayudar a los accionistas afectados.

Presiones de los mandos intermedios

En Galicia, donde la concentración de entidades es mucho más evidente, debido a la integración del Banco Pastor en 2012, cifran los afectados en torno al 80%. Rosa Conde, de la CIG, también asegura que hubo presiones para acudir a las sucesivas ampliaciones, aunque “no oficialmente”. “Los mandos intermedios animaban a que se invirtiese para demostrar la implicación con la entidad, además del trabajo que ya realizaban”.

Este lunes, los representantes sindicales del Popular, el Pastor y el Santander han celebrado un encuentro conjunto en el que la situación de los trabajadores afectados por la ampliación ha sido una de las tres cuestiones que han abordado, junto al mantenimiento del empleo y la continuidad de la marca Pastor en la comunidad. El próximo martes han convocado una asamblea de trabajadores en la que esperan avanzar sobre estas cuestiones y concretar las fórmulas para tratar de recuperar lo perdido.