VTC: Cabify recrudece su guerra judicial contra Colau
La plataforma de movilidad presenta un recurso al Tribunal Superior en el que pide la “nulidad plena” de la normativa metropolitana
Un conductor de Cabify limpia su vehículo en Barcelona. EFE
La batalla entre los taxis y los Vehículos de Turismo con Conductor (VTC) parecía haber terminado con el reglamento que restringía las licencias a partir de las cuales trabajan aplicaciones como Uber y Cabify, pero nada más lejos de la realidad. Ahora es Cabify quien presenta un recurso contencioso administrativo al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en el que plantea la “nulidad plena” de la norma, aprobada el 21 de mayo por el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), presidida por Ada Colau.
El reglamento, que vuelve a los tribunales, establece que las reservas para este tipo de transporte en el área de Barcelona deben tener un margen de espera de 15 minutos como mínimo, según el decreto ley 4/2019 de la Generalitat de Catalunya. Además, también se les prohíbe hacer pública la geolocalización del vehículo antes de la contratación del servicio o que los vehículos que no estén realizando un servicio circulen por la vía pública.
Dicha norma se hizo vigente tras reiteradas quejas por parte de los taxistas que terminaron con seis días de huelga, impidiendo la movilidad normal de la ciudad de Barcelona.
Una vez conocidas las nuevas condiciones para las VTC, las dos principales empresas afectadas, Uber y Cabify, estuvieron varios días inactivas amenazando con que no volverían a operar en ese nuevo escenario. Pero, aun y así, Cabify volvió a trabajar en la ciudad. Por el contrario, su principal competidor, Uber, suspendió su actividad en la capital catalana y no se espera que recupere el servicio.
Cabify busca el amparo de Europa
Cabify solicita ahora al alto tribunal catalán que declare como inconstitucional el decreto ley mediante el cual el Ministerio de Fomento traspasó las competencias para regular la actividad de los VTC a las comunidades autónomas. Según los demandantes, la delegación de competencias estatales a las comunidades autónomas “está reservada a una ley orgánica”.
Y solicita también que se enjuicie el decreto ley 4/2019 de la Generalitat, en el que se establecen los 15 minutos de pre-contratación del servicio. Según el texto presentado, la normativa restrictiva está vulnerando el derecho a la igualdad por parte de todos los vehículos que comparten el nicho de mercado.
Después que los taxistas buscaran el amparo de Europa, ahora Cabify contraataca considerando que las normas de la Generalitat y del AMB son contrarias al derecho europeo, solicitando al Tribunal Superior de Justicia que eleve una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
A la espera de que se pronuncie el alto tribunal, Cabify sigue operando en Barcelona con un tiempo de precontratación previa de 15 minutos en el momento de reservar un primer viaje, pero no en los siguientes, considerando que así ya cumple la regulación establecida por la Generalitat.
