Vértice 360, en concurso, tiene difícil viabilidad

Tras solicitar su entrada en concurso de acreedores el pasado mes de marzo, el grupo productor audiovisual Vértice 360 (V360) ha tenido que dar explicaciones a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre su situación patrimonial que le ha llevado a reconocer su insolvencia.

Justificaciones que dejan entrever que la salida del concurso se antoja más que complicada. Para empezar, Vértice se ha visto obligado a reformular las cuentas de 2013, reconociendo un deterioro adicional de 632.000 euros al tener que dar de baja los activos por impuestos diferidos relativos a créditos, “por no estar garantizada su recuperación”, asume la empresa.

Desplome de ingresos

Vértice cerró el pasado ejercicio con unas pérdidas iniciales de 68 millones de euros tras ver cómo la cifra de negocio se desplomaba en dos años, de los casi 142 millones facturados en 2011 a los menos de 9 de 2013. Al cierre del primer trimestre, coincidiendo con la solicitud de entrada en concurso, la situación de Vértice seguía empeorando, con poco más de dos millones de ingresos y pérdidas de 911.000 euros.

Lo lógico tras haber perdido casi todos sus contratos de contenidos y, sobre todo, vender por poco más de 20 millones de euros la parte mollar de su negocio, el área de servicios audiovisuales (VSA), al fondo de capital riesgo HIG, al hacer efectiva una ampliación de capital por la totalidad de las acciones tras incumplir Vértice una serie de objetivos contemplados cuando el fondo entró la productora.

Administrador concursal

El hecho relevante remitido por Vértice al supervisor ha coincidido con la notificación del auto del Juzgado de lo Mercantil 5 de Madrid por el que se declara la situación legal de concurso ordinario de la compañía por el trámite ordinario, designando administrador concursal a la sociedad Account control Ius Aequitas, cuya aceptación queda pendiente.

En las explicaciones dadas a la CNMV, Vértice viene a reconocer que su viabilidad resulta más que complicada. “Depende no solo del éxito del plan de negocio y de la reestructuración de deuda, sino además de la necesaria modificación del calendario de pagos concedido por la Agencia Tributaria en abril del 2013”, responde a una de las preguntas del supervisor el grupo Vértice, presidido desde hace seis meses por el compositor musical y consejero de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), José Miguel Fernández Sastrón.

Plan de negocio

Las bases en las que V360 fundamenta su plan de negocio con vistas a elaborar un futuro convenio de acreedores pasaría por una inyección de dinero nuevo, con el que, además de atender los pagos urgentes y a la reestructuración de la deuda, se podrán adquirir novedades que permitan rentabilizar el catálogo existente, incorporar talento nuevo y ayudar a soportar los gastos de estructura hasta la obtención de ingresos recurrentes.

O sea, que todo pasaría porque los acreedores financieros, que le dieron la espalda a lo largo de la fase preconcursal durante el primer trimestre del año, se lo piensen mejor y pongan más capital para sustentar el referido plan de negocio.

38,3 millones de deuda

Vértice reconoce, a requerimiento de la CNMV, que arrastra una deudas de 38,3 millones de euros, en su mayoría a las entidades financieras y también a la Agencia Tributaria por impagos del IVA, por importe de 11,6 millones de euros.

Cantidad sobre la que Vértice va a solicitar un aplazamiento de pago con mayor margen ante la imposibilidad de hacer frente al mismo según las condiciones fijadas actualmente, que establecen el pago de casi la mitad de la deuda, 5 millones, durante el presente ejercicio.

Deuda vencida y no pagada

Algo que será imposible de efectuar, y que se sumarán a los 7,7 millones de euros de deuda vencida y no pagada. Por si fuera poco, los créditos litigiosos arrojan un saldo en el que empresas del grupo han sido demandadas por cantidades cercanas al millón de euros.

Respecto al importe en libros de los activos pignorados como garantía de pasivos, Vértice 360 tiene registrado un activo inmobiliario por 883.000 euros, sobre el que ha constituido hipoteca unilateral inmobiliaria en garantía de aplazamiento y fraccionamiento de deudas tributarias con la Agencia Tributaria. Hipoteca sobre la que el acreedor ha iniciado la tramitación para su ejecución.