La crisis que ha terminado con la intervención de Apra Leven tiene antecedentes, los que aportó el cierre de la mutua de seguros Fortia Vida, una sociedad considerada antecedente de la belga.
Ex trabajadores de empresas como Iar Ibérica, Aismalibar y Duro Felguera en Catalunya, se vieron afectados por una crisis anterior que afectó a Fortia Vida. A finales de 2009 la cifra de los empleados afectados superaba en Catalunya los 200. Todos ellos se vieron afectados por la falta de solvencia de la aseguradora, por lo que dejaron de cobrar sus rentas vitalicias y prejubilaciones.
En concreto, los trabajadores de Aislamibar fueron un grupo que abandonó la empresa catalana en 2001, dentro de un plan de prejubilaciones para mayores de 58 años. El fabricante de productos aislantes que tenía su sede en Montcada i Reixac se comprometió a pagar a estos trabajadores un complemento de la jubilación, una cifra cercana a los 400 euros mensuales, hasta la edad de 75 años.
Aismalibar contrató la póliza con Fortia Vida, a la que traspasó los fondos necesarios para garantizar los pagos de las cuotas. El año 2008, la consultora Vitalia, que operaba en la órbita de Fortia, propuso a Aismalibar traspasar las pólizas a Apra Leven, una aseguradora con sede en Bélgica controlada por el empresario andorrano Joan Manuel Vilà.
Apra Leven dejó de pagar unos meses después las cuotas a aquellos empleados y manifestó que Fortia le traspasó las pólizas, pero no los activos necesarios que las respaldan. Los ex empleados de Aismalibar denunciaron la situación a la Generalitat.
Fortia Vida surgió de la fusión de Norton y Personal Life, antiguas mutuas de accionistas de Eurobank. En 2007 ocupaba el tercer lugar en el ránking de mutuas catalanas de previsión social por cuotas gestionadas, con unos activos de 177,62 millones de euros.
El Departament d’Economia intervino Fortia en abril de 2009, tras detectar un peso excesivo de inversiones en el sector inmobiliario y el traspaso del 60% de las pólizas a la aseguradora belga Apra Leven. De hecho, el traspaso de las pólizas se consideró irregular porqué Fortia no podía actuar fuera de Catalunya mientras que la transferencia de activos afectó a todo el territorio español.
La Generalitat decidió disolver Fortia, que sumaba compromisos con sus asegurados de 77 millones, que cobraron del Consorcio de Compensación de Seguros. No obstante, los trabajadores de los colectivos de Iar, Duro Felguera y Aismalibar no fueron incluidos en del colectivo que percibe sus rentas del Consorcio al estar en la órbita de Apra Leven, una sociedad sujeta al derecho belga.
