Una deuda de 350 millones ata Repsol a Venezuela
La energética española no se plantea abandonar Venezuela pese a las presiones de los EEUU y asegura que sus actividades en el país son legales
Repsol seguirá en Venezuela. La presiones del gobierno de los Estados Unidos no harán cambiar la posición de la energética española, pues cumple con la legalidad y una importante deuda de la administración de Nicolás Maduro le ata al país: cerca de 350 millones de euros que se está cobrando con la explotación de reservas petrolíferas del país. Repsol está ligada a este contrato hasta almenos 2021.
Mauricio Claver-Carone, director para las Américas del Consejo de Seguridad Nacional de EEUU, hizo saltar la alarma este martes al asegurar que las petroleras que siguen operando en Venezuela serán castigadas con “sanciones que podrían ser devastadoras para ellas”. Claver-Carone se refirió específicamente a Repsol porque el periodista del canal de noticias latino de EEUU NTN24, el catalán Gustau Alegret, le preguntó específicamente por la empresa española.
El alto funcionario de la administración Trump puso dos ejemplos para aleccionar a la energética que dirige Josu Jon Imaz y a la italiana Eni: el de la estadounidense Chevron y el de la empresa estatal rusa Rosneft Trading. El mensaje era claro: “No hay excepciones”. Y el ejemplo, significativo: si no se han hecho excepciones con una empresa norteamericana, menos se van a hacer con compañías europeas.
Repsol asegura que «cumple con el régimen de sanciones» de los EEUU, por lo que no piensa abandonar Venezuela
Los Estados Unidos amenazaron a Chevron con sanciones si no dejaban Venezuela y multaron a Rosneft, pero solo lograron su objetivo con la empresa rusa. El consejero delegado del gigante estadounidense del petróleo aseguró este mismo mes que no iban a dejar el país suramericano, solo reducir producción.
Repsol no tiene en sus planes seguir el camino de la empresa rusa porque cumple con las condiciones establecidas por el propio gobierno de Donald Trump. “Repsol reitera que cumple en su totalidad con el régimen de sanciones impuesto por la administración estadounidense. La compañía subraya que siempre lo ha hecho así y lo seguirá haciendo en lo sucesivo”, explicó un portavoz de la petrolera española.
Las declaraciones de Claver-Carone se interpretan desde el sector como un mensaje populista con vistas a las elecciones presidenciales que tendrán lugar en noviembre, según explican fuentes de la industria. Una de las direcciones que ha tomado Trump, y que parece resultarle rentable, es la del proteccionismo, como muestra la guerra comercial con China. La dureza con gobiernos como el de Maduro es también un mar en el que pescar votos entre el votante hispano de los EEUU.
Las deudas de la petrolera de Maduro con Repsol
Por todo ello, las mismas fuentes apuntan que no creen que la sangre llegue al río, sobre todo si las empresas, como Repsol, cumplen con el régimen de sanciones. Pero hay un motivo que ata a la compañía que preside Antoni Brufau a Venezuela pese a la inestabilidad en el país. Sus altas reservas de crudo apenas compensan todas las trabas de la administración, pero la empresa española no se irá hasta que recupere un crédito de más de 1.000 millones.
En 2016, la compañía española dio un préstamo de 1.200 millones de dólares (algo más de 1.000 millones de euros) a Petroleros de Venezuela (PDVSA), la empresa estatal con la que eran socios en Petroquiriquire. PDVSA tiene cinco años para devolverlo, es decir, hasta 2021, pero según reflejaban las cuentas anuales de Repsol de cierre de 2019, todavía le quedan más de 340 millones.
La empresa española no tiene ninguna intención de abandonar el país mientras su administración tenga esa deuda con ella, pero el año pasado apenas hizo frente a los vencimientos del crédito. Por ello, Repsol lo está cobrando en especias, mediante la explotación de reservas de crudo en el país.
Brufau e Imaz han subrayado en varias ocasiones la importancia del negocio en Venezuela, pero les ha dado algunos dolores de cabeza. En el informe anual de 2019, Repsol admite que la crisis en el país supone un incremento de la incertidumbre. El año pasado, redujo a la mitad la valoración de sus activos en el país y tuvo que incrementar provisiones en 180 millones para cubrir las pérdidas.