Un hotelero demanda al ayuntamiento de BCN por endosarle una familia ‘okupa’

Llegaron al hostal como una familia sin techo derivada por los servicios sociales del ayuntamiento pero terminaron convirtiéndose en unos okupas muy costosos. El propietario del hostal Abrevadero en Barcelona ha demandado al ayuntamiento por los daños que han ocasionado unos huéspedes enviados por los servicios sociales en febrero de 2010 durante unas semanas y que terminaron quedándose como huéspedes irregulares más de un año.

El gobierno local buscó un hostal temporal a la familia, de origen marroquí, que no tenía ningún ingreso y que contaba en ese momento con tres niños –hoy ya son cuatro–. Los servicios sociales contrataron el hostal de forma temporal mientras el padre de familia encontraba vivienda y trabajo. Dos meses después, el ayuntamiento, entonces al mando del socialista Jordi Hereu, dejó de pagar las facturas porque consideraba que el padre no buscaba trabajo “de manera activa”. Entonces la familia decidió quedarse allí.

Ahora, el hotelero reclama al consistorio los 41.000 euros que dejó de ganar por la habitación durante el año de okupación. La demanda, ha sido interpuesta en el juzgado de lo contencioso número 15, ha sido admitida a trámite.

4.000 euros al mes por alojamiento

Para dar alojamiento a la familia necesitada, el gobierno municipal contrató a una agencia de viajes, una práctica habitual en los servicios sociales de muchos municipios españoles. La agencia Snow Travel tramitó las estadías temporales y pactó un precio de 130 euros por noche para una habitación para cinco personas. El trámite costó, en total, 8.400 euros al ayuntamiento por algo más de dos meses de alojamiento, sin contar la comisión abonada a la agencia de viajes.

En aquel momento, la Generalitat disponía de más de 200 pisos vacíos en el área metropolitana, pero los servicios sociales no quisieron enviar a la familia a estas viviendas por el temor de que se negara a marchar después. Entonces, decidieron derivarla a un hotel. “El ayuntamiento se escuda ahora en que fue un trámite entre la agencia de viajes y nosotros, y no reconoce su responsabilidad porque ellos los trajeron aquí”, explica Manuel Del Peso, propietario del hostal Abrevadero.

Habitación como vivienda

El ayuntamiento asegura que el caso está en manos de servicios jurídicos y no reconoce los gastos generados por la familia okupa, ya que el consistorio pagó la estadía pactada desde un principio. El gobierno local cree que los huéspedes se aprovecharon de las ventajas ofrecidas por el propietario del hostal (recibió servicio de lavandería y otras comodidades) y por ello decidió alargar su permanencia sin pagar. El gobierno local ratifica su postura que se trata de un conflicto entre privados.

El propietario debió esperar una resolución judicial para lograr recuperar la habitación. “Tuvimos que poner en marcha un procedimiento de desahucio para desalojarlos. La habitación de un hotel se equipara a una vivienda y, por lo tanto, es inviolable. No podíamos entrar sin el permiso del que se aloja y cambiar la cerradura es delito”, explica el abogado Bautista Sotelo.

El juzgado espera ahora que el ayuntamiento aporten el expediente para continuar con el proceso judicial.