Un empresario español lleva a juicio a Google y Youtube por copyright

La plataforma de vídeo se habría apropiado de alrededor de 500 películas de las que Carlos Vasallo posee los derechos

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El empresario español, Carlos Vasallo, poseedor de los derechos de más de 3.000 películas mexicanas, ha llevado a juicio a Google y Youtube en Estados unidos por infracción del copyright. «Esto nunca antes había sucedido en demandas a Google y Youtube por infracción del copyright», ha expresado el empresario.

El juez del caso, Darrin P.Gayles, ha rechazado la petición de estas empresas para que la demanda no siguiera adelante y ha fijado la celebración del juicio para el 27 de febrero de 2023, según los documentos del caso consultados por Efe.

Unas 500 películas pirateadas

En mayo de 2021, cansado de que sus quejas al ver pirateados sus películas no tuviera efecto, Vasallo decidió recurrir a la justicia estadounidense. En su demanda, presentada a nombre del conglomerado de empresas Athos Overseas Inc., acusó a los demandados de trece cargos, algunos de los cuales fueron desestimados por el juez, por las infracciones de las que fueron objeto alrededor de 500 de sus largometrajes.

Según Vasallo, Gayles le dio la razón en la parte más «relevante» de la acusación, que es la referida a las infracciones de la propiedad intelectual, pero lo que más valora es que haya seguido con el juicio a pesar de que sean empresas de renombre.

Para el empresario, seguir adelante con el caso, significa que sus esfuerzos legales y monetarios en defensa de la propiedad intelectual de sus películas han tenido eco, independientemente de lo que suceda a partir de ahora con la demanda. Según ha explicado a la misma agencia, él era el único de todos los grandes del cine mexicano que podía demandar, ya que otros tienen lazo con Google y con Youtube.

No obstante, es consciente que los demandados trataran de hacer lo posible para no sentarse en el banquillo de los acusados, incluido un arreglo extrajudicial con Athos Overseas. En el documento judicial en el que fija la fecha de inicio del juicio, el juez Gayles establece una serie de plazos límite para presentar peticiones sobre el caso, listas de testigos y expertos y para entregar los informes requeridos.

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