Un embrollo judicial amenaza con dejar a ‘oscuras’ la Costa Brava
Una sentencia del TSJC condena a derribar una subestación eléctrica de Endesa en Forallac. La infraestructura energética presta servicio a unos 80.000 usuarios de Girona y ha supuesto una inversión de 9,5 millones de euros
Un alambicado y sorprendente caso judicial amenaza con devolver una buena parte de la provincia de Girona a la situación de precariedad energética que se vivía a comienzos de la década pasada. El desencadenante es una reciente resolución de la sala tercera de lo Contencioso Administrativo que condena a Endesa a demoler la subestación eléctrica de Forallac, inaugurada en octubre de 2006, por razones urbanísticas, según ha podido conocer Economía Digital de fuentes jurídicas.
La infraestructura energética abastece directamente a unos 8.000 consumidores del Baix Empordà, en especial a poblaciones circundantes de La Bisbal d’Empordà. El centro eléctrico fue construido en el marco de Plan Tramontana, un proyecto que planificaba las inversiones de Endesa en Catalunya y que la eléctrica pactó con el Govern de la Generalitat en 2002. La realización de diferentes infraestructuras de distribución energética se llevó a cabo tras las desavenencias entre las administraciones y los usuarios con la compañía por las deficiencias de calidad del servicio en el área de Girona.
Ubicación pactada
Endesa acordó con la administración catalana cuál iba a ser la ubicación de las infraestructuras. En aquel pacto subyacían los problemas de abastecimiento que se vivían en la zona y la escasa generación de energía eléctrica de Girona, que obligaba a transportar la electricidad hasta la provincia. El corolario fue la polémica línea de Muy Alta Tensión (MAT), que puso en pie de guerra a una parte del territorio.
En el caso de Forallac, la compañía que preside Borja Prado –y que en aquel entonces estaba bajo la batuta de Manuel Pizarro— invirtió 9,5 millones de euros. La subestación eléctrica es una de las más avanzadas en términos de tecnología. Su puesta en marcha contó con la bendición de todas las administraciones implicadas, local y autonómica.
El lío de las denuncias
¿Cómo nace el embrollo judicial? Josep Masuet, residente de Forallac y propietario de una finca colindante de unas 40 hectáreas de extensión presentó tres recursos ante el juzgado contencioso administrativo número 1 de Girona contra la ubicación del centro eléctrico.
Masuet se quejaba de que la subestación, algo más grande que un campo de tenis, estaba a tan sólo 700 metros de un terreno urbano, había sido ubicada en zona agrícola y, además, afectaba a un proyecto turístico-rural que él mismo promovía.
Primera resolución contraria al denunciante
El juzgado sentenció en junio de 2008 en contra de Masuet. Sin embargo, el denunciante insistió en sus reivindicaciones legales y, el 21 de abril de 2010, tres años después de la inauguración, la sección tercera del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anuló el Plan de Actuación Específica (PAE) que había aprobado la Comisión Territorial de Urbanisme de Girona, la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de Forallac y la autorización administrativa de la dirección general de Energia de la Generalitat.
La paradoja estriba en que el TSJC no estimó ninguno de los argumentos de Masuet sobre la ubicación, la proximidad a su proyecto hostelero o la condición de finca agrícola. Al contrario, la máxima jurisdicción catalana anuló los trámites administrativos al considerar que los instrumentos urbanísticos que se utilizaron para promover la instalación eran inválidos al tratarse de una infraestructura supramunicipal. El TSJC venía a decir que la subestación carecía de cobertura normativa válida.
Reacción de Endesa
La eléctrica cambió su estrategia administrativa, y tras obtener una autorización provisional de la Generalitat (de un año) tramitó por vía urgente un Plan Especial Urbanístico, una nueva licencia de obras municipal y, asimismo, una nueva autorización de la Generalitat. En octubre de 2011, la compañía ya disponía de todos los permisos renovados.
Dos meses más tarde, en diciembre del pasado año, el juzgado de Girona instó a que se cumpliera la sentencia y se derribara la instalación eléctrica. Endesa apeló en enero pasado ante el TSJC que, el pasado mayo, comunicó que el recurso se denegaba. Entendía que la documentación correcta del centro era posterior a la sentencia, condenaba a Endesa a las costas del proceso y le daba un mes de plazo para derribar el centro de Forallac.
A punto para derribar
Mientras Endesa ha pedido ya las licencias de obras para el derribo, incluso ha negociado con el denunciante un eventual acuerdo económico –que al final no se ha concretado–, la dirección general de Energia de la Generalitat todavía no le ha otorgado el permiso para desconectar la subestación. El silencio administrativo de la Generalitat es la única razón por la que la inversión de Endesa sigue todavía en pie, según ha podido constatar esta publicación de fuentes municipales de Forallac.
Fuentes de la eléctrica se han limitado a confirmar los términos de la información, a recordar que mantiene una última apelación ante el TSJC pendiente de respuesta, pero se han negado a pronunciarse sobre un asunto que todavía se encuentra vivo en la administración de justicia.