Un alcalde del PP monta su empresa con recursos de la universidad pública

Uno de los alcaldes de la España interior con mayor peso en el Partido Popular, Francisco Julián Ramos Manzano, en el poder local desde 2005, impulsa su empresa privada con recursos públicos de la Universidad de Salamanca.

El alcalde ha logrado el control de las vías donde el dinero público entra por vena  en las empresas privadas. Ramos Manzano preside una peculiar entidad privada que reparte subvenciones públicas. Se trata de Adrecag, destinada a la promoción económica de tres comarcas de la provincia de Salamanca: Campo Charro, Alba de Tormes y Guijuelo.

La entidad ha repartido nada menos que 10 millones de euros en subvenciones en 14 años para promover el fomento del empleo. Desde allí, la entidad presidida por el alcalde ha dado subvenciones a empresas relacionadas con sus directivos y también ha colocado como trabajadora a su hermana y ha otorgado subvenciones al restaurante de su hermano.

La propia entidad que ahora preside también le dio subvenciones a él mismo cuando incursionaba en una actividad empresarial que todavía mantiene: el de laboratorios relacionados con análisis a jamones.

Pero en la línea de aprovechar aún más los recursos de las instituciones públicas, el barón de la cuna del ibérico también ha instalado una sede de su empresa, Biorama Guijuelo SL, en la sede del Parque Científico de la Universidad de Salamanca. Con este acuerdo, firmado en 2012, la institución universitaria acondicionó una sala de algo menos de 190 metros cuadrados con los aparatos y la infraestructura necesaria para la instalación de laboratorios.

“Se ha realizado la inversión necesaria para trasformar la sala diáfana que existía inicialmente en tres departamentos perfectamente equipados”, explicaba la universidad tras el acuerdo.

Con el convenio, la empresa del alcalde se ahorró los gastos de instalación y de alquiler. Pero la condición del alcalde ni de diputado autonómico han influido en la firma de estos acuerdos, según ha explicado el propio alcalde a este diario.

Ramos Manzano justifica la red de beneficios a empresas familiares y afines con argumentos diferentes. En el caso de la universidad de Salamanca, el político local explica que el acuerdo se “ha hecho a título particular como lo han hecho el resto de empresas que forman parte del Parque Científico de la Usal”.

“Durante el último año se han incorporado al complejo científico de Villamayor 19 nuevas empresas, alcanzando ya la cifra de 67 empresas instaladas actualmente con más de 900 empleados”, explica el alcalde.

Las cuentas que no cuadran

El alcalde de la localidad salmantina, y uno de los políticos más afianzados en la región, también es responsable de las subvenciones públicas que se reparten a través de la entidad Adrecag, que preside.

Entre 2000 y 2006, la entidad recibió más de 6,3 millones procedentes de varias administraciones públicas para el programa Prodercal, que intenta mejorar la economía local. Pero las subvenciones directas adjudicadas alcanzan, según la memoria justificativa de la entidad firmada por el propio alcalde, unos 4,8 millones. El descuadre de cuentas es de 1,4 millones. ¿Dónde está ese dinero? El propio alcalde intenta aclararlo a este medio.

“Hay que aclarar que la dotación de Adrecag es fija para cada período de programación (…). La dotación distribuida se reparte según los porcentajes que se asignen para los proyectos (…) que no figuran en las memorias anuales de las actividades”, explica el alcalde. “Existe un expediente para cada anualidad perfectamente justificado y aprobado por la Junta de Castilla y León”.

La última polémica

El alcalde también tuvo que salir al paso de otra polémica reciente el año pasado. En su declaración de bienes presentada en las Cortes de Castilla y León a finales de febrero de 2016, el alcalde no incluyó una empresa de su propiedad. El Guijuelense, que hasta hace pocos meses gestionaba un supermercado DIA de la ciudad de Salamanca,  no aparecía en su declaración.

Tras la  publicación de la omisión en los medios de comunicación, el alcalde tuvo que presentar otra declaración en la que se incluía la empresa y se atribuía a “un error” de transcripción de datos la omisión.