UGT detecta nuevas trabas a inmigrantes para la venta ambulante en Cataluña
El sindicato sostiene que la subdelegación del Gobierno deniega más solicitudes desde noviembre
La Seguridad Social ha vuelto a recuperar cotizantes extranjeros en el último mes de 2014 tras cinco meses consecutivos de pérdidas. En total, el sistema público de empleo ha registrado más de 1,5 millones de afiliados inmigrantes. Sólo en Catalunya, el incremento anual ha sido de 4.653 activos. Es el 56% del total de las 8.284 altas anotadas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).
El porcentaje de inmigrantes sobre el total de trabajadores autónomos ha aumentado respecto al 2013 en 15 puntos. Pero lejos de ser todo más fácil para los extranjeros ante una compleja situación laboral en la que se empieza a vislumbrar cierta recuperación, UGT ha detectado nuevas trabas gubernamentales. Sobre todo, de cara a la venta ambulante en Cataluña.
UGT pide una reunión con la subdelegación del Gobierno
«Desde finales de noviembre hemos detectado más problemas y por ello, hemos pedido una reunión con la subdelegación del Gobierno», explica Vanessa López, responsable del área laboral e inmigración en la Confederación de Trabajadores Autónomos de Catalunya.
Problemas como las nuevas exigencias que dictan desde la subdelegación. Hasta hace dos meses, los inmigrantes que querían dedicarse a la venta ambulante en mercadillos o demás puestos callejeros tenían que acudir a instancias gubernamentales con la solicitud de licencia que se había pedido en el correspondiente ayuntamiento así como un colchón económico de entre 4.000 y 5.000 euros.
Falta de recursos económicos
Habitualmente, han sido las condiciones mínimas que se les pedía a los extranjeros y que recomendaban desde las oficinas del sindicato para completar cuanto antes el trámite. Pero en los dos últimos meses, UGT ha comprobado que se han rechazado propuestas laborales por no tener la licencia de actividad concedida y contar, sólo, con la solicitud.
Además, hemos comprobado como ahora no es suficiente contar con ese mínimo de 4.000 euros en el banco para poder tirar adelante con la propuesta. «Ahora también deniegan por falta de recursos económicos, pero no especifican cuánto dinero hace falta. Estamos perdidos», puntualiza la responsable del área laboral y de inmigración del sindicato. Una excepción habitual en Tarragona que UGT ha empezado a detectar en el resto del territorio catalán.
