Barcelona veta las bicicletas de Uber e impide su despliegue
La firma de bicicletas Jump, ahora gestionadas por Lime, no operará en la Ciudad Condal de momento. El Ayuntamiento ha revocado sus licencias
Enésimo encontronazo entre Uber y la administración catalana. El Ayuntamiento de Barcelona ha revocado la concesión de licencias que había otorgado a la compañía californiana en el marco del concurso público de movilidad iniciado el pasado mes de mayo. El consistorio barcelonés ha tomado esta decisión porque entiende que la división de bicicletas compartidas de Uber, de la marca Jump, ha incumplido las bases del concurso.
La raíz del conflicto está en la última operación corporativa de Uber. La compañía presidida por Dara Khosrowshahi se convirtió en el primer accionista de la firma de movilidad Lime y decidió que fuera esta empresa la que gestionara las operaciones de Jump, que engloba tanto patinetes como bicicletas.
«Lime no ha acreditado la compra de Jump y, por tanto, incumple las bases, por lo que no podrán desplegar los vehículos de manera definitiva. El ayuntamiento recupera las licencias», han afirmado desde el consistorio a Economía Digital.
Uber consiguió el pasado mes de mayo 348 licencias para operar en Barcelona durante tres años. La idea de la concejalía de movilidad, dirigida por Rosa Alarcón, era ampliar finalmente el número de licencias y no repartir únicamente 348, sino 580 a cada empresa seleccionada en el concurso.
«La regulación no nos permite operar»
Fuentes de Lime han confirmado la noticia a este medio. «Adquirimos los activos de Jump a nivel mundial y como parte de nuestro trabajo de colaboración con el ayuntamiento, hemos intentado encontrar una solución», explica uno de los principales directivos en España.
«Por desgracia», añade, «la regulación es la que hay y no nos permite operar en estos momentos. Esperamos poder hacerlo en cuanto se abra una posibilidad y ofrecer el servicio a los barceloneses».
Las bicicletas de la marca Jump son la última división de Uber que se está desplegando por distintas ciudades del mundo. Si bien en España esta enseña se utilizaba solo para patinetes, la compañía ha desplegado este vehículo de dos ruedas en ciudades como Londres.
En paralelo, debido a la adquisición de la marca por parte de Lime, muchas de estas bicicletas Jump han sido retiradas en los últimos meses de mercados como el estadounidense, así como de otras plazas europeas. En España, por ejemplo, se ha decidido que esta marca deje de usarse para la división de patinetes que estaban presentes en Madrid.
Los cambios internos responden a la ronda de financiación de 170 millones de dólares que cerró Lime a mediados de mayo y que fue liderada por Uber, quien pasó a hacerse con la mayoría del capital social aunque ya era accionista desde sus inicios. También participaron en esta operación la matriz de Google, Alphabet, y el fondo Bain Capital, conocido en España por ser dueño de la inmobiliaria Habitat.
Uber y la administración catalana, un historial de encontronazos
El frenazo a la llegada de las bicicletas de Uber supone el último choque entre administración y empresa. Uber ha querido operar en Barcelona en distintas ocasiones con sus diferentes opciones de movilidad. Primero fue el servicio Uber Pop y años más tarde fue el de Uber X, la división de coches VTC que también dejó la ciudad tras un decreto de la Generalitat que restringía su negocio.
La relación entre la firma estadounidense y los principales representantes políticos no es ni mucho menos positiva. Tras su salida del negocio de coches privados, el principal hombre de Uber en España, Juan Galiardo, afirmó que estaba dispuesto a hablar con la Generalitat para encontrar una solución, pero desde el Govern nunca recogieron el guante.
La compañía considera que España es una plaza importante sobre la que asentar su crecimiento, como así ha desvelado en sus reportes trimestrales ante la SEC estadounidense (equivalente a la CNMV en España), donde ha calificado al país «alta prioridad».
Hace solo unas semanas, Uber presentaba una nueva línea de negocio en España con la firma catalana Social Car para poner a disposición de sus usuarios la opción de contratar servicios de renting o alquiler de coches entre particulares.
