Trama piramidal en la patronal catalana de comerciantes
El administrador concursal considera que la Confederació de Comerç de Catalunya se financiaba con los depósitos de los centros de formación
La Confederació de Comerç de Catalunya (CCC) cayó en la insolvencia porque su estructura piramidal era insostenible. Esta es la primera conclusión de su administrador concursal, a falta de más información de la que por ahora no dispone. El gran responsable de dicho modelo era el ex secretario general de la organización, Miquel Àngel Fraile.
El informe de Compas Concursal, al que ha tenido acceso Economía Digital, asume como propios los argumentos de la CCC como causas de la bancarrota de la patronal: la mala gestión de Fraile, que creó un «negocio» piramidal gracias a los depósitos de garantía de los centros de formación. Estas actuaciones se iniciaron durante la larga presidencia de Pere Llorens y continuaron con Maria Rosa Eritja.
Así lo denunció la CCC ante su liquidador, en la memoria aportada en el momento del concurso: «Fraile organizó un sistema de ‘negocio’ (negocio para él y su familia, como se verá) de tipo piramidal con las subvenciones para formación, de manera que cuando éstas empezaron a reducirse, el montaje no aguantó».
Contundencia de Eritja y la CCC
Contundencia de Eritja y la junta de la Confederació contra Fraile, a quien culpan de una «gestión totalmente negligente»: según la cúpula de la patronal, su ex secretario general utilizó la tesorería positiva acumulada para esconder las pérdidas sobrevenidas por la crisis. Además, le recriminan que ni en los peores momentos redujera su sueldo y sus gastos.
El administrador concursal hace suyos los argumentos de la cúpula de la CCC y concluye que la organización se financiaba «a través de su estructura piramidal, consumiendo reservas, aumentando en gran medida el endeudamiento bancario y nutriéndose de los depósitos de terceros, que no han sido devueltos». Estos depósitos eran los de los centros de formación, que han desaparecido.
El modus operandi
El modus operandi era poco sofisticado: con los depósitos que entraban, se pagaban los antiguos. Como explicó Economía Digital, Fraile pedía un depósito a los centros de formación a los que asignaba los cursos. Era un porcentaje de la subvención por curso, que podía ir del 5% al 25% del total.
A priori, este dinero debía devolverse una vez hecho y aprobado el curso por la administración correspondiente –la Fundación Tripartita, el servicio de empleo catalán o el Consorcio para la Formación Continua de Cataluña–. No obstante, cuando Fraile fue despedido y se descubrió la situación real de la patronal, los centros de formación reclamaron depósitos de cursos hechos desde 2004.
El ex secretario general se escudaba en que las administraciones todavía no habían dado el visto bueno a la correcta realización del curso, o éste se encontraba en sede judicial por alguna reclamación. En algún caso, en formaciones más recientes, esto era cierto, pero no para los cursos anteriores a 2010.
Según el informe concursal, el ex secretario general creó una estructura piramidal con ese dinero, que no era ni de la CCC ni de sus socios pero que le financiaba. Con los depósitos de los cursos nuevos, iba devolviendo depósitos más antiguos. Cuando, a raíz de la crisis, los fondos se redujeron drásticamente, el castillo de naipes se derrumbó: se quedó sin dinero para retornar los depósitos.
Los centros de formación, grandes damnificados
Esta pirámide creó una deuda de 1,6 millones de euros para los centros de formación, en su gran mayoría pequeñas empresas o autónomos que, además de la reducción de las partidas públicas para su negocio, sufrieron esta captura de fondos para cursos que ellos ya habían pagado.
Para muchas escuelas tuvo efectos devastadores, llegando a la desaparición o a sufrir pérdidas de su patrimonio personal. Cabe recordar casos como los de Isabel Peña, que tuvo que vender su vivienda para pagar las deudas, mientras la CCC le debía 150.000 euros.
Ahora, los centros ven como sus sospechas se confirman: el dinero de los depósitos no está. Sólo cobrarán el de los cursos que están todavía en sede judicial, que son parte de los de los últimos cuatro años. Todo lo anterior, el montante principal, va a concurso. Y con la alta deuda que tiene la CCC y su escaso patrimonio, se temen lo peor.