Tormenta legal en Ferrovial por la autorización pública a su traslado

El Gobierno parece haber encontrado la forma de entorpecer la operación salida de Ferrovial. Tras haber barajado numerosas represalias, algunas aparentemente difíciles de llevar a cabo, el uso del escudo antiopas contra la fusión inversa con la filial en Países Bajos se está revelando como el más eficaz porque abre una batalla legal y puede tener efectos inmediatos y directos, no es una mera acción disuasoria como podía ser la amenaza de no poder acudir a concursos públicos. Puede no ser definitiva, pero al menos puede demorar la decisión más de seis meses. 

El ejecutivo de Pedro Sánchez quiere usar el decreto antiopas, aprobado en plena pandemia para evitar que compañías o fondos extranjeros compraran empresas españolas aprovechando una infravaloración en bolsa o que pasaban un mal momento, pero que ha prorrogado hasta finales de 2024 para sectores estratégicos. La lógica del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos en el caso Ferrovial es que una empresa extranjera pasará a controlar la mayoría de una española, por lo que podría vetarlo. 

Ferrovial lo ve de forma totalmente opuesta. No solo no cree que pueda oponerse sino que considera que ni siquiera tiene que solicitar autorización al Consejo de Ministros. “No es una opa ni la llegada de una empresa extranjera, es una operación entre empresas del grupo, no tenemos que pedir permiso”, dijo un portavoz del grupo que preside Rafael del Pino este martes. Por ello, mantiene su calendario y su previsión de que sea la junta de accionistas, que se celebrará en primavera, la que dé el visto bueno a la decisión del consejo y se puedan hacer todos los trámites para estar cotizando en Amsterdam en junio. 

El permiso del Gobierno, la clave

La diferencia de criterios puede desembocar en una guerra legal e incluso judicial. No parece fácil que el Gobierno pueda terminar evitando el cambio de sede social de Ferrovial, pero lo que sí parece es que la compañía tiene que solicitarlo. Así lo considera Jorge Puig Jover, socio del departamento de mercantil de Net Craman, despacho que ha accedido a hacer una valoración. Otros bufetes consultados han declinado hacerlo pue se trata de un caso tan complejo como delicado. 

“La norma dice que necesitas autorización”, interpreta Puig, aunque yendo a la opción de que el Gobierno termine vetándola, considera que “es forzar mucho la ley”. “Todo depende de cómo la interpretes. ¿Es Ferrovial una empresa estratégica? ¿Son las autopistas estratégicas?”, se pregunta. Y va más allá: “La ley está hecha para otras cosas. El covid ha terminado, pero la prorrogaron hasta 2024, por lo que hay otros intereses”. 

«El objetivo de la norma no es ese, se trata de una decisión intragrupo. Es forzar mucho la ley»

Jorge Puig Jover, socio de Net Craman

El socio de Net Craman apunta a si la ley sería usada para aquello para lo que fue concebida: “Leyendo la ley, depende de la interpretación, de la procedencia de los accionistas, si son de fuera de la Unión Europea. Pero más que a la literalidad, voy al objetivo de la norma, que no es ese, pues se trata de una decisión intragrupo”. Por todo ello, insiste que se está “retorciendo la ley por cuestiones políticas”.

Las opciones de Ferrovial

Coincide pues con Ferrovial en que al tratarse de una operación intragrupo no puede ser vetada, pero cree que al haber un control extranjero por parte de una empresa española, sí que debe pedir autorización administrativa. Hay que ver qué decide finalmente el grupo que dirige Ignacio Madridejos, pero abre un abanico de opciones. Desde que siga sus planes y obligue al Gobierno o a desistir o a frenar la operación por otras vías hasta acercarse a Pedro Sánchez, cosa que ya ha intentado sin éxito –Del Pino le llamó pero el presidente del Gobierno no le cogió el teléfono–. 

Si el grupo constructor y concesional decide evitar un conflicto con el Ejecutivo que podría judicializar, y por tanto eternizar, su cambio de domicilio, y solicita la autorización por el escudo antiopas, se abre un escenario nuevo. Para empezar, tendría que olvidarse de los tiempos que tiene en mente, pues el Gobierno tendría seis meses para estudiar la operación. Aunque no la vetara, podría apurar los tiempos, como hizo con la de IFM sobre Naturgy. 

Tampoco puede descartarse que termine considerando que es una pérdida de control efectivo de una empresa española estratégica y frene la operación, o que ponga condiciones a la misma que dificulten, encarezcan o resten sentido a la operación. Y el que el Gobierno tendrá tiempo para buscar maneras de presionar o forzar un cambio de planes y, lo que quizá es más importante, unas elecciones a final de año o principios de 2024 que pueden marcar sus políticas hasta entonces.