Telefónica abre un frente judicial con Perú

Por si Telefónica no tuviera trabajo en Latinoamérica, división a la que ha colgado el cartel de se vende desde que se presentara en noviembre la nueva estrategia de la compañía, llegan nuevas turbulencias desde un país englobado en esta demarcación. Telefónica Perú, donde la compañía ya tuvo que afrontar un golpe económico el pasado mes de noviembre, se ha topado con el regulador del país, Osiptel, por una nueva subida de precios, que ha quedado de momento sin efecto.

Así lo comunicó Osiptel —equivalente a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) en España— el pasado viernes, cuando afirmó en un comunicado que había emitido una «medida cautelar que ordena a la empresa Telefónica del Perú S.A.A. que deje sin efecto el aumento de tarifas de Internet fijo y los planes empaquetados que incluyen este servicio y devuelvan el monto del incremento aplicado a los usuarios». 

El motivo de la decisión del regulador fue que se había detectado «que la empresa habría incumplido el artículo 9 de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, al aplicar modificaciones contractuales (aumentos tarifarios y otras condiciones)», que requerían la aprobación del Osiptel. 

Según Osiptel, «de acuerdo con el análisis efectuado, el incremento tarifario aplicado por la empresa Telefónica, que entró en vigencia en enero de 2020, es el mayor registrado en los últimos años».

La subida de precios en Perú ha llegado casi al mismo tiempo de otra que se llevó a cabo en España, el primer país de la compañía. Aquí Telefónica decidió subir los precios de sus paquetes convergentes Fusión entre tres y seis euros a cambio de más gigas. La decisión de la compañía dirigida en España por Emilio Gayo respondía a una política comercial de la compañía que ha emprendido otros años: más por más, es decir, más servicios (no siempre solicitados por el cliente) a cambio de pagar más. 

Telefónica responde al regulador de Perú

Telefónica, que opera en el país con la marca Movistar, considera que la decisión del regulador «contraviene los principios básicos de libre mercado, porque afecta la libre competencia y pretende generar un control de precios».

Telefónica recurrirá la decisión del regulador de Perú

Por tanto, añaden, «si bien Movistar es respetuosa de la medida, acudirá a las instancias correspondientes para validar su posición frente a la inconstitucionalidad que representa la medida del regulador».

La compañía asegura que había cumplido con sus obligaciones, al informar de esta actualización de precios a Osiptel 60 días atrás, es decir, respetando los plazos establecidos por ley. «Esto ha incluido informar de forma oportuna a sus clientes y al propio regulador sobre la actualización de tarifas de internet fijo, dúos y tríos», remarcan. 

Segundo golpe a Telefónica en Perú, un mercado competido

El encontronazo de Telefónica con Osiptel pone en peligro los futuros ingresos en Perú, país que representa más del 4% de la facturación total del grupo —el que más aporta de todo el conjunto de Latam— y en el que cuenta con 4,2 millones de hogares conectados a redes de alta velocidad (1 millón de ellos con fibra óptica hasta el hogar). 

Además, Telefónica tiene en el país el liderazgo en el segmento del mercado móvil, con un total de 14,4 millones de líneas y una participación de 35,3%, y también de la banda ancha fija, donde su participación es del 72,6%. Se trata de un mercado muy competido y aguerrido por el resto de operadores, que durante el pasado año se dedicaron a captar y blindar clientes de medio y alto valor postpago, a reducir los precios en sus planes ilimitados y a lanzar promociones de dos líneas ilimitadas, entre otras prácticas.

Con este, sería el segundo golpe a las cuentas de la compañía en Perú. El pasado mes de noviembre, Telefónica tuvo que hacer frente a un pago millonario por una deuda contraída con el Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). «Telefónica es una empresa responsable y respetuosa de la ley, y ha cumplido con pagar los 218 millones de soles de acuerdo a la resolución de la Corte Suprema, pese estar en desacuerdo con la decisión», afirmaron a finales de noviembre a través de un comunicado. 

La compañía se mostró disconforme con la decisión porque entendía que sentaba un precedente adverso para cualquier contribuyente. La sanción era, a su parecer, injusta y desproporcionada porque para quienes tienen una discrepancia legítima con la Sunat por temas interpretables la supuesta deuda original se incrementa por las moras (el conflicto de Telefónica se extendió durante 20 años) e intereses.

Perú, objeto de una posible venta

Perú forma parte del grupo de países de Latinoamérica que han quedado agrupados en un spin off de Telefónica, con el objetivo de buscar posibles desinversiones, la entrada de nuevos socios o cualquier medida que rebaje su exposición a la zona, que en los últimos años ha agrietado las cuentas de la compañía a nivel global. 

Y es que la región, que hasta ahora se dividía en una sección norte y otra sur, se ha convertido en un auténtico laberinto para la compañía. Pese a crecer en ingresos en algunos países durante el último año, el efecto divisa, por un lado, y la competitividad del sector, por otro, han dado al traste con los resultados.

El propio presidente de la compañía, José María Álvarez-Pallete, reconocía a finales de noviembre que buscaría una salida: «Vamos a buscar cómo dosificar la exposición a esos mercados para hacerlas (las operadoras) más fuertes. Porque en la actualidad, el crecimiento, que era la fórmula tradicional allí, ya no bate a la inflación y nos ha expuesto a la depreciación de las monedas», avisaba.

No obstante, Pedro Cortez, máximo ejecutivo de la empresa en Perú, afirmó un mes después que Telefónica mantiene su compromiso de largo plazo con Perú para continuar ofreciendo todos sus servicios. “El plan de Telefónica no es dejar Perú, sino buscar nuevos modelos de negocio y compartición para desafíos digitales futuros» explicó en diciembre para precisar que las decisiones corporativas anunciadas por Álvarez-Pallete «están en línea con el plan estratégico definido para recuperar la rentabilidad y sostenibilidad de la operación en el país».

Los activos del país, enmarcados en la zona sur, tendrían un valor que superarían los 2.330 millones de euros. Su precio sería el segundo más elevado de la zona, al ver los de Chile (3.027 millones), Argentina (2.434 millones) y Uruguay (450 millones de euros), según un informe de Goldman Sachs que consideraba que unificar ambas demarcaciones, norte y sur, reducía la complejidad de la empresa.