Telefónica se juega 325 millones más ante la justicia de Perú

La noticia fue un balón de oxígeno para Telefónica y generó un gran revuelo en Perú. El Tribunal Constitucional del país eximía a la cotizada española de pagar aproximadamente 165 millones de euros (729 millones de soles) a Hacienda por intereses de demora en el pago de una multa impuesta por el propio fisco peruano hace ya muchos años.

Tras la presentación de resultados anuales del pasado viernes 26 de febrero, la compañía confesó en su informe anual que había sido notificada oficialmente tres días antes, el 23 de febrero, de que ganaba la contienda legal. Sin embargo, reconocía en la propia documentación remitida al regulador bursátil que los 165 millones seguían provisionados a falta de conocer una resolución definitiva.

Fuentes del mercado recuerdan a Economía Digital que lo que se dirime es si Telefónica Perú debe o no pagar una suma millonaria de dinero por intereses que se han ido demorando por una sanción que fue impuesta a la compañía por parte de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) tras una acta sobre la liquidación de impuestos.

Telefónica espera una resolución definitiva de la justicia

«El fondo de la decisión se basa en que a un contribuyente no se le puede exigir pagar intereses moratorios cuando la demora por definir es culpa de los organismos de impuestos», añaden las voces consultadas. 

Con este match ball salvado a finales de febrero, quedan otros dos que podrían volver a dar buenas noticias a la firma presidida por José María Álvarez-Pallete. El abogado de Telefónica en Perú, Fernando Meléndez, afirmó a medios locales que la decisión de los tribunales dejaba la puerta abierta a que en el futuro quedara anulada todavía una cuantía mayor de dinero.

En concreto, según Meléndez, el fallo da alas a la posibilidad de que la compañía pueda incluso dejar de pagar 2.163 millones de soles (S/). Se trata de la cifra total del desglose de la factura del fisco, todavía pendiente de aclarar: los 729 S/ ya anulados y otras dos sanciones de 852 S/ y 582 S/ (193 y 132 millones de euros al cambio, respectivamente).

Telefónica se mostró satisfecha por la decisión del Tribunal Constitucional. Considera que el organismo «es consistente y ratifica sus pronunciamientos anteriores, pues en tres ocasiones previas ha fallado confirmando que la demora excesiva de la SUNAT y el Tribunal Fiscal para cumplir los plazos de ley no puede perjudicar al administrado. La manera en la que se aplican las leyes debe generar estabilidad jurídica y predictibilidad para establecer condiciones que permitan promover inversiones y empleo estable».

Perú, un país ‘molesto’ para Telefónica

La resolución judicial en Perú es importante para Telefónica. Las autoridades del país han sido muy beligerantes con la compañía, como prueban las distintas sanciones que el Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel)  — organismo equivalente a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) en España — ha impuesto en los últimos años.

Este medio publicó en verano de 2020 que Telefónica acumulaba multas equivalentes a ocho millones de euros en apenas en seis meses en Perú. Por ejemplo, una de las últimas sanciones recibidas por la compañía de telecomunicaciones llegó supuestamente por no desconectar de su red 100.039 números telefónicos que entre el 2017 y el 2018 pidieron cambiarse a la competencia conservando su número de teléfono. 

Antes de esa sanción llegó otra que dejaba sin efecto una subida de tarifas de Telefónica. Osiptel comunicó que había emitido una medida cautelar que ordenaba a la empresa que dejara sin efecto el aumento de precios generalizado en los planes de internet fijo y planes convergentes.

A nivel comercial, la evolución de la compañía tampoco es boyante. Perú ya no es estratégica para Telefónica, al igual que todos los países en los que opera fuera de Europa, a excepción de Brasil. La facturación del país (1.645 millones de euros en 2020) representa el 3,8% del total de ingresos de la operadora.