Santos contrata a Deloitte y PWC para limpiar su imagen en el caso Gas Natural

Por primera vez desde la intervención de Electricaribe, el 15 de noviembre, el gobierno colombiano se ha pronunciado oficialmente sobre la situación de la filial de Gas Natural Fenosa en el país. Y lo ha hecho, como no podía ser de otra manera, para destacar la buena labor que está haciendo. Para demostrarlo, ha contratado a dos de las grandes consultoras del mundo: Deloitte y PWC.  

El gobierno de Juan Manuel Santos y Gas Natural están negociando el futuro de Electricaribe, propiedad de la compañía española pero intervenida por la administración colombiana. Isidro Fainé se ha dado hasta el 3 de marzo para negociar, aunque Santos se ha tomado hasta el 15 de marzo para decidir.  

Mientras las conversaciones van recuperándose lentamente, el gobierno colombiano saca pecho de su gestión en los dos meses y medio que lleva al frente de Electricaribe. La superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el organismo público que gestiona la eléctrica, presume de una «novedosa estructura de financiación diseñada por el gobierno para conjurar la crisis financiera de Electricaribe».  

Esta «novedosa estructura» está sirviendo a la empresa para «asegurar la prestación continuada del servicio de energía» y para «reactivar rápidamente las operaciones de Electricaribe sin que las compañía recibiera recursos del erario público», según su versión.  

Para demostrar estos avances y fiscalizarlos, Santos ha contratado a dos de las big four de las auditorías. Ha encargado a Deloitte, auditora de Electricaribe, informes sobre «cualquier circunstancia que pudiera poner en riesgo el valor de los activos de la compañía o el proceso de intervención». PWC tiene la labor de hacer informes sobre la marcha de los negocios de la compañía.  

Incumplimientos  

Esta demostración de aparente transparencia se produce tras una decisión, la intervención, que fue polémica porque, como denunciaron hasta los sindicatos, no sirvió para resolver los problemas de Electricaribe. Es decir, lo contrario de lo que presume Santos.  

Como explicó Economía Digital, tras ser intervenida por el gobierno, Electricaribe incumplió los plazos de pago con sus proveedores. Ello pese a que la excusa para arrebatar el control a Gas Natural fue precisamente la posibilidad de un impago.  

De hecho, todavía hoy no ha pasado cuentas con las empresas generadoras de energía, que se la venden a Electricaribe pero no la están cobrando. Por ello no necesita dinero público y puede decir que ha mejorado su situación financiera, como denunció el sindicato Sintraelecol.  

Otro de los riesgos con los que excusó la intervención eran los cortes de suministro. Ahora el gobierno asegura que ya se han resuelto, pero en estos dos meses y medio, no ha sido así. Ha seguido habiendo cortes a causa de la mala situación de las infraestructuras y del fraude. Sin ir más lejos, la semana pasada los vecinos del municipio de Santa Marta se manifestaron porque llevaban diez días sin luz.  

Futuro negro  

Pese a estos mensajes, las negociaciones siguen. Lentas, pero siguen. Eso sí, el horizonte del acuerdo entre Gas Natural y Colombia es más que improbable, según explicaron a Economía Digital fuentes del sector. Santos estudia trocear Electricaribe para repartirla entre comercializadoras locales sobre las que pueda ejercer mayor control, lo que aleja el pacto.  

Si no hay acuerdo antes del 3 de marzo, la energética presidida por Isidro Fainé acudirá al Ciadi, el organismo del Banco Mundial que media en estos casos. Allí el proceso puede demorarse años, por lo que Gas Natural buscará un acuerdo, pero si no lo consigue, no le temblará el pulso.