Sánchez tendrá la última palabra en la opa de IFM sobre Naturgy
Al menos tres ministerios y el Consejo de Ministros tienen que pronunciarse sobre la oferta del fondo sobre la energética controlada, por ahora, por La Caixa
Isidro Fainé conversa con Pedro Sánchez tras la conferencia de «España Puede». EFE
La oferta del fondo australiano IFM Global Infrastructure sobre el 22,69% de Naturgy tendrá que pasar un periplo burocrático y pondrá a prueba el decreto anti-opas del Gobierno de Pedro Sánchez así como, de nuevo, la alianza entre PSOE y Unidas Podemos, que tendrán la última palabra.
El Ejecutivo tendrá que autorizar la entrada del fondo en la compañía cotizada que preside Francisco Reynés, según establece el decreto anti-opas aprobado cuando se decretó el estado de alarma en marzo de 2020, que sigue vigente, y han explicado fuentes gubernamentales a Economía Digital.
El decreto establecía que cualquier empresa de fuera de la Unión Europea que comprara un 10% o más de una empresa española o, incluso comprando menos, lograra una posición de control, tenía que pedir autorización al Gobierno. En noviembre, se hizo extensivo también para ofertes procedentes de otros países de la UE.
Estas limitaciones se aprobaron para proteger a las empresas, especialmente las cotizadas, que podían estar infravaloradas o en situación de debilidad por la crisis del coronavirus, ante ofertas indeseadas u oportunistas.
En este caso, está la duda de si Naturgy y su principal accionista, La Caixa, la consideran deseada o no. IFM se ha puesto de acuerdo con los fondos GIP y CVC, que suman más del 41%, pero no con La Caixa (24,79%). Por ello, se desconoce por ahora el posicionamiento de Isidro Fainé. Pero además, se trata de una energética, que opera en un sector regulado y estratégico.
Los trámites de la opa sobre el 22,69% de Naturgy
Fuentes del Ministerio de Industria han explicado que todavía no tienen conocimiento de la oferta pero que IFM deberá presentarla a la dirección general de Comercio Internacional e Inversiones, que la analizará solo a nivel burocrático. Tiene seis meses para hacerlo y puede pedir más información o documentación.
Paralelamente, al menos dos ministerios más tendrán que hacer sus informes: Economía y Transición Ecológica, que se ocupa de los asuntos energéticos. Así, las tres ministras implicadas son socialistas: Reyes Maroto (Industria) y las vicepresidentas tercera, Nadia Calviño (Economía), y cuarta, Teresa Ribera (Transición Ecológica).
Con toda la documentación, los informes de estos ministerios y tras aproximadamente seis meses, es el Consejo de Ministros quien tiene que dar el visto bueno a la operación, por lo que la última palabra es de Pedro Sánchez.
A la espera de la reacción de Podemos
Aunque sobre el papel tienen poco protagonismo –o ninguno– en el asunto, el presidente español también tendrá que lidiar con sus socios de Podemos. Inclinados ideológicamente al control, cuando no nacionalización, de empresas estratégicas, su posición con respecto al futuro de Naturgy puede condicionar la que tome Sánchez o provocar de nuevo encontronazos en el Ejecutivo.
Si IFM logra su objetivo, independientemente de que Criteria siga en Naturgy o no, y aunque lo haga como primer accionista, tres grandes fondos de inversión extranjeros controlarán el 66% de una de las tres grandes energéticas de España –la primera gasística–. Habrá qué ver cómo reacciona a ello el partido de Pablo Iglesias.
