Los ministros Sánchez, Robles y Marlaska riegan a Ferrovial con contratos por 105M con los NextGen

Los accionistas de Ferrovial votan este jueves el traslado de la sede social del grupo a Países Bajos, con un previsible resultado positivo, aunque la operación aun pede descarrilar. El Gobierno ha intentado ser quien la frustrara y aun pone impedimentos, pero poco ha logrado de momento. Una de las vías que ha insinuado es dejar a la compañía sin contratos públicos, pero la realidad es muy distinta y Ferrovial sigue siendo uno de los grandes adjudicatarios en España e incluso está captando cientos de millones de euros de los NextGen. 

Las ministras Raquel Sánchez, Margarita Robles y el ministro Fernando Grande-Marlaska han regado al grupo de los Del Pino con contratos públicos vinculados a los fondos europeos por valor de 105 millones de euros, según los datos facilitados a Economía Digital por el Observatorio de Contratación Pública (ObCP). Son el grueso de los 185 millones de fondos europeos que Ferrovial ha recibido, en solitario o con UTEs, mediante licitaciones de las administraciones públicas. 

“Los contratos públicos para realizar obras, mantenimiento o dar servicios son solo una parte de los fondos europeos, que también tienen ayudas directas y los Perte”, explica Sergio Jiménez, de Gobierto Contratos, colaborador del ObCP. De hecho, Ferrovial opta a 5.000 millones de fondos europeos sumando todos los conceptos. Aun así, es una buena manera de acceder a esta lluvia de millones procedentes de la Unión Europea para empresas especializadas en la construcción y la obra pública. 

Según los datos extraídos de la web de contratación pública del Estado, Ferrovial se ha llevado 21 concursos públicos con fondos de los Next Generation entre 2021 y finales del pasado mes de marzo, de los que en 15 concursaba en solitario y en 6, junto a otras empresas. En total, 184,66 millones de euros. La mayor parte son para Ferrovial Construcción, pero también las hay contratos de servicios 

El principal contratador es el Gobierno de Pedro Sánchez con 9 adjudicaciones, entre ellas las más suculentas, por parte de tres ministerios y sus empresas públicas, que sumaron 105 millones. El Ministerio de Transportes ha beneficiado a Ferrovial con 5 contratos por 103 millones, por 3 de Defensa por valor de 1,3 millones y uno de Interior por 297.000 euros. 

Transportes y Adif mueven el grueso de fondos a las constructoras

El ministerio que lidera Raquel Sánchez es la gran fuente de dinero público de las constructoras, pero tiene un gran protagonismo la empresa pública Adif, encargada de la red ferroviaria y que depende de Transportes. Solo este organismo público dio 3 contratos a la empresa que preside Rafael del Pino por 92 millones de euros. La presidenta de Adif es María Luisa Domínguez, que a mediados de 2021 sustituyó a Isabel Pardo de Vera. 

Estos contratos a Ferrovial, como buena parte de las concesiones ligadas a los fondos europeos, no hacen honor al nombre de los fondos, Next Generation, ni están destinados precisamente a modernizar la economía española. Al contrario, son obras ordinarias, como trabajos de adecuación de vías y andenes en estaciones como la de Chamartín, en Madrid, la de la Sagrera, en Barcelona, y la que se llevó el mayor trozo del pastel, la remodelación de la estación de A Coruña-San Cristóbal, con 72,6 millones. 

Con o sin fondos europeos de por medio, Adif no ha dejado de adjudicar contratos a Ferrovial en ningún momento, pues la compañía que dirige Ignacio Madridejos sigue presentandose a los concursos y pese a la amenaza de algunas ministras, mayoritariamente de Podemos, no se la ha echado de los mismos y si logra la mayor puntuación, se los lleva. Recientemente, ha logrado lo propio en dos concursos por valor de 621 y 68 millones, aun pendientes de la adjudicación definitiva. 

Al margen de Adif, Transportes también ha adjudicado con dinero de los NextGen las mejoras en túneles en León y Asturias, por 11 millones de euros. Defensa adjudicó a Ferrovial la instalación de placas fotovoltaicas en dos de sus instalaciones en Madrid, así como las obras de implatación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en las unidades del Mando Aereo de Canarias (Macan), del Ejército del Aire. Interior dio un contrato a la empresa para las obras de renovación exterior del alumbrado en el centro penitenciario de Mallorca. 

No solo del Gobierno de Sánchez vive Ferrovial. Trabaja para todas las administraciones que hacen obras públicas importantes, y una de ellas es el Ayuntamiento de Madrid. De hecho, José Luis Martínez-Almeida ha dado uno de los mayores contratos a la compañía, por 59 millones, a través de la Empresa Municipal de Transportes, para el cambio de tecnología y la ampliación del servicio de Bicimad. También se adjudicó un contrato de un millón para la mejora del alumbrado público en algunas calles de los distritos de Chamberí, Centro y Retiro. 

Pese a la peculiaridad del caso, por la polémica entorno a la salida de Ferrovial de España, su caso no es un rara avis entre las empresas de obra públicas españolas, que están aprovechando los concursos vinculados a los NextGen. Otra constructora del Ibex, Sacyr, se ha adjudicado trabajos por 256 millones, por lo que supera a la compañía de los Del Pino. Solo hay una Ibex con más contratos NextGen, Telefónica, la mayoría vinculados a la extensión de la red de fibra y 5G. FCC y OHLA han obtenido contratos por 139 y 136 millones respectivamente. 

Las divisiones familiares y la junta de Ferrovial

La junta de Ferrovial de este jueves puede ser movida, pues no sería extraño que tomara la palabra algún accionista, o varios, contrarios al traslado de la sede social a Amsterdam para poder cotizar directamente en la bolsa de Nueva York y tener mayor facilidad de financiación y captación de talento, según los argumentos dados por la compañía. Incluso un hermano de Rafael del Pino, Leopoldo del Pino, podría oponerse a la operación y votar en contra, según publicó El Confidencial. 

El hermano díscolo podría tener la clave. El traslado se aprobará por mayoría de la junta, pero la compañía dará marcha atrás si lo fuerzan accionistas que sumen algo más del 2,5% de las acciones. Solo Leopoldo del Pino, cuarto accionista de Ferrovial, tiene el 4,25%, por lo que puede desbaratar la operación si no llega a un acuerdo con sus hermanos. 

Tras la junta, los accionistas que no estén de acuerdo con el cambio de domicilio, podrán, si lo desean, solicitar a la compañía que recompre sus acciones hasta un máximo de 500 millones de euros, que equivalen a algo más del 2,5% de la compañía. Si se supera esa cifra, Ferrovial replanteará el traslado y mantendrá su sede en España. Si no hay un accionista de peso que se oponga, es complicado, pero puede haberlo, y en la mismo familia Del Pino.