Pedro Sánchez no quiere que la crisis del coronavirus se lleve por delante a sus aliados. Tuvo la opción de aprovechar la situación de emergencia nacional para deshacerse de Podemos y de sus socios soberanistas (ERC y PNV), pero ha optado por preservar sus alianzas. Y eso a pesar de que dirigentes del PP admiten en privado que un gobierno en minoría del PSOE les hubiera obligado a arrimar el hombro en un momento como el actual.
Descartado al PP como socio, el problema ahora para Sánchez es que sus aliados de legislatura no aceptan que el Gobierno gestione la crisis a su aire y están obligando al presidente a que corrija su legislación de urgencia.
Dicho de otra forma: no hay mando único que valga. Así que apenas dos días después de decretar el parón total de la economía, el Gobierno ha tenido que suavizar sus medidas tras el mayúsculo enfado del PNV.
El 25% del PIB del País Vasco se basa en el sector industrial y el PNV, brazo político de la siderurgia vasca, trasladó al Gobierno su rechazo total a la medida amenazando a los socialistas con plantarse en el Congreso llegada la hora de convalidar los decretos de «hibernación» de la economía.
El PNV celebró inmediatamente el viraje del Gobierno «hacia posiciones más razonables»
El asunto era particularmente preocupante para el PSOE, puesto que iba camino de encontrarse con el indeseado apoyo en el Congreso de Junts per Catalunya (y del presidente de la Generalitat, Quim Torra), la formación que ha pedido con mayor vehemencia el confinamiento total.
Visto el panorama, Sánchez ha optado por un volantazo disfrazado de «nota interpretativa para el sector industrial» que, en la práctica, significa que esta actividad no tendrá que apagar todos los motores sino que podrá trabajar al ralentí.
Y PNV no ha tardado en agradecérselo. Su portavoz en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, celebró que el Gobierno haya «rectificado hacia posiciones más razonables». Además, quiso remarcar su influencia en el viraje: «lamentamos la falta de rigor y la improvisación del Gobierno español, que al final ha tenido que hacer caso a quienes desde la lealtad pero con contundencia les hemos venido diciendo que el decreto era un despropósito».
Carta blanca a la siderúrgia
El texto emitido este martes viene a recoger las demandas realizadas por Unesid, la patronal siderúrgica española. Controlada por empresas Arcelormittal, Aranía, Celsa, Tubacex y Sidenor, con numerosas plantas en el País Vasco, la asociación lamentó que sus afiliados no podían detener sus infraestructuras así como así. Por ejemplo: los altos hornos necesitas varios días antes de detenerse por completo.
De este modo, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, liderado por Reyes Maroto, dio el salvoconducto que necesitaba la industria en forma de nota interpretativa. Para empezar, el texto permite mantener la actividad a aquellas instalaciones «cuya parada prolongada durante varios días cause daños que imposibiliten o dificulten su nueva puesta en producción o que genere riesgo de accidentes».
El gabinete les permitirá trabajar con «una actividad mínima imprescindible», fijada por el volumen habitual de estos centros en fines de semana y días festivos.
El Ejecutivo también fue susceptible a las demandas del empresariado, enfurecido inicialmente, y añadió otro permiso que afecta de manera transversal al resto de empresas: «Quedan exceptuadas las personas trabajadoras en la importación y exportación de todo tipo de productos, bienes y materiales». Es decir, todo lo que se produzca para vender a otros países seguirá funcionando con normalidad.