Sacyr, Ferrovial y ACS recurrirán la multa de la CNMC por alterar contratos públicos
Algunas de las empresas sancionadas ya han confirmado su intención de recurrir la multa ante la Audiencia Nacional
Sacyr, Ferrovial y ACS han sido las primeras constructoras que han confirmado que recurrirán ante la Audiencia Nacional la sanción que les ha impuesto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por haber alterado durante 25 años miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras, lo que considera una «infracción muy grave».
Tienen un plazo de dos meses para poder llevar a cabo estas reclamaciones, y es probable que finalmente todas las compañías implicadas recuerran la decisión. En este sentido, según ha podido conocer Economía Digital en fuentes de los afectados, estiman que «la propia resolución reconoce que no existe un acuerdo restrictivo de la competencia cuyo objeto fuera alterar las licitaciones«.
La decisión no ha sentado bien en el seno de las constructoras que, previamente, ya habían recurrido la propia incoación del exprediente sancionador. La CNMC ha explicado que desde 1992 estas seis compañías se reunían semanalmente y decidían los contratos públicos en los que iban a compartir trabajos técnicos de sus ofertas. Además, intercambiaban información sobre su estrategia de presentación a los concursos públicos.
La sanción con el importe económico más elevado ha sido para la empresa Dragados, filial de ACS, cuya multa se eleva a 57,1 millones de euros. Le sigue FCC Construcción, con 40,4 millones de euros; Ferrovial Construcción, con 38,5 millones de euros; Acciona Construcción, con 29,4 millones de euros; OHL, con 21,5 millones de euros, y Sacyr, con 16,7 millones de euros.
La CNMC ha destacado que los efectos de estas prácticas han sido «especialmente dañinos para la sociedad», puesto que afectaron a miles de concursos convocados por las Administraciones Públicas españolas para la construcción y edificación de infraestructuras como hospitales, puertos, aeropuertos o carreteras.
Reparto de contratos
Según la CNMC, se trata de una «infracción muy grave» de los artículos 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Desde 1992, las seis compañías se encontraban de forma semanal para analizar las licitaciones de obra pública que se habían publicado en diferentes plataformas de contratación del Estado. Durante estos encuentros, las constructoras decidían los concursos en que iban a compartir, entre todas o en un subgrupo, una parte o la totalidad de los trabajos que compondrían las ofertas técnicas de las licitaciones.
A lo largo de estas reuniones las compañías también intercambiaban información comercial sensible, como si tenían intención de presentarse a licitaciones o de formar UTEs (Unión Temporal de Empresas) y los miembros que las compondrían.
Desventaja competitiva
Las prácticas de estas seis empresas acarrearon una “menor variedad y calidad de las ofertas técnicas» presentadas por las compañías a los concursos públicos, tal y como ha lamentado la CNMC. Al no disponer de la misma información estratégica que las empresas sancionadas, también «se alteraron los términos de competencia leal entre todos los oferentes«.
