Ryanair sigue menospreciando la legislación catalana

La Generalitat de Catalunya ha cursado ya tres multas firmes en lo que llevamos de año por un valor de 27.000 euros contra Ryanair. La administración catalana sigue detectando cláusulas abusivas en el contrato con el pasajero que eximen a la aerolínea de indemnizar a sus clientes por determinados retrasos o por posibles cancelaciones.

De hecho, este contrato genérico, que el usuario acepta al comprar un billete, no se ha modificado aunque Ryanair ya ha sido sancionada insistentemente, además, por otras administraciones autonómicas.

Por otro lado, y a pesar de que la Generalitat ha logrado enmendar a otras aerolíneas, la Agencia Catalana de Consumo se ha visto obligada a imponer la mayor multa del año contra la aerolínea, de momento, por no informar claramente sobre sus precios a los clientes en su página web. La pena propuesta ha sido de 10.000 euros.

A las sanciones de la Generalitat hay que sumar las que podría imponer en los próximos meses el Gobierno central. El Ministerio de Fomento tiene abiertos seis expedientes a través de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que derivarían en sanciones firmes si tras concluir las investigaciones correspondientes se consideran probadas las infracciones.

Este organismo centraliza las denuncias de usuarios, competidores y de AENA. Tras ser advertido, inicia pesquisas para comprobar la veracidad de los hechos puestos en su conocimiento y, tras un periodo máximo de medio año, sanciona si efectivamente se ha incumplido la normativa a juicio del Gobierno.

Sin descuento para residentes

Ryanair es especialista en dificultar el acceso de sus pasajeros a los aviones, siempre con la intención velada de cobrar más a sus usuarios o de impedir el embarque sin devolver el importe del billete, según las agrupaciones de consumidores.

En la Agencia Estatal de Seguridad Aérea ya hay varios expedientes instados por pasajeros este año que no han podido volar por no identificarse con el pasaporte en el momento de la facturación. Según el Gobierno, el DNI es suficiente para subir a un avión que opere las rutas de Ryanair.

Otras normas que la low cost incumple reiteradamente son las que la obligan a reducir el 50% del precio del billete a los residentes y las relativas al equipaje de mano. Varios pasajeros han denunciado pagos extra por maletas que pueden subirse a la cabina del avión. Estas quejas también las centraliza el ministerio de Fomento y actualmente investiga tres expedientes por estas supuestas infracciones.