Los Rubiralta o los fondos: el juez decidirá quien se queda Celsa a principios de septiembre

Los Rubiralta o los fondos. El titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona, Álvaro Lobato, dictará una sentencia firme -sin posibilidad de recurso- sobre el futuro de Celsa en los primeros diez días de septiembre. Así lo ha anunciado este martes en la clausura del juicio que dirime si el gigante siderúrgico seguirá en manos de la familia Rubiralta, o bien, un grupo de fondos acreedores se hará con el control de la compañía.

Anteriormente, Lobato se había comprometido a dictar sentencia antes de agosto, pero este martes ha lamentado no poder mantener eses compromiso: «No soy capaz de tomar una decisión en tan corto período de tiempo», ha explicado antes de añadir que es «plenamente consciente de que el tiempo es una variable esencial para todo el mundo, especialmente para la compañía y los trabajadores», ha dicho en su intervención.

La alternativa que propone la compañía presidida por Francesc Rubiralta – de segunda generación de la familia- incluye un rescate de 550 millones por parte de la SEPI. Por su parte, los acreedores, entre los que se cuentan SVP Global, Deutsche Bank, Sculptor y Anchorage, que poseen un 90% de la deuda, plantean convertir 1.291 millones de euros de deuda en el 100% del capital del grupo.

Plan de reestructuración o concurso de acreedores

El letrado de los acreedores, Rodrigo López, ha tildado de «insostenible» la situación financiera en la que se encuentra Celsa y ha asegurado que la propuesta lanzada por los Rubiralta es inviable y que tan solo contempla dos escenarios: el plan presentado por estos fondos acreedores o un concurso de acreedores «seguramente con liquidación».

En su intervención, Lopez ha afirmado que los Rubiralta ha entrado en un «callejón sin salida» al no haber buscado acuerdos con los acreedores. De hecho, ha afirmado que «han tratado de imponer unas condiciones a los acreedores sin prácticamente margen para la negociación«.

Celsa acusa a los fondos de provocar de expropiación

Por su parte, el representante legal de Celsa, el abogado Jaime Cano, ha pedido que se rechace el plan de los fondos y les ha acusado de buscar el «expolio» de la siderúrgica. Asimismo, ha asegurado que su plan de reestructuración supone «graves incertidumbre que pueden provocar el colapso de Celsa en muy corto plazo», «en semanas», ha argumentado.

«Este plan de los acreedores tiene más posibilidades de provocar el concurso del grupo a corto plazo que de evitar un concurso que no se puede producir salvo que los (fondos) solicitantes se empeñen en conseguirlo», ha dicho Cano, advirtiendo de que Celsa puede desaparecer si los fondos controlan la compañía a partir de septiembre.

Asimismo, Cano ha tratado de desmontar uno de los argumentos de los fondos acreedores, empezando por la acusación de insolvencia, que ha negado tajantemente, y ha añadido que ha quedado acreditado que el grupo es «perfectamente solvente». En este sentido, ha acusado a los fondos de aferrarse a ese impago y aprovechar la entrada en vigor de la reforma de la ley concursal para intentar hacerse con el 100% de Celsa capitalizando su deuda.

«Para que exista insolvencia no basta con una situación temporal, con el impago de algunas obligaciones, sino que debe haber imposibilidad de pago regular«, ha sostenido. De esta manera, ha defendido que «el grupo no sólo ha venido pagando a todo el mundo, sino que obtuvo unos resultados históricos en 2022 -con un ebitda o beneficio bruto de explotación de 404 millones».