Los Rubiralta se agarran al Gobierno para frenar la entrada de los fondos en Celsa
Los actuales directivos de la empresa velarán "por los intereses industriales, sociales y económicos" de la siderúrgica y de su entorno
Francesc Rubiralta, CEO y presidente de Celsa. Celsa
A la familia Rubiralta le queda un as bajo la manga para frenar la entrada de los fondos en Celsa: el apoyo del Gobierno. En un breve comunicado emitido después que el juez homologara el plan de reestructuración que convierte a los acreedores de la siderúrgica en los principales accionista en una sentencia que no puede recurrir, el grupo recuerda que el cambio de propiedad requiere «una autorización expresa del Gobierno de España» y reitera que las administraciones públicas siempre han mostrado apoyo a su «modelo industrial».
«El plan de reestructuración homologado en sede judicial significa la toma de control por parte de inversores extranjeros de una empresa estratégica española«, matiza la compañía, añadiendo que es uno de los supósitos sujeto a la ley 19/2003 sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior. Por su parte, este martes el Ministerio de Industria ha aclarado que la operación está sometida al Control de Inversiones Extranjeras, de acuerdo con el Real Decreto 571/2023, el ya conocido como escudo antipoas, por lo que requiere del visto bueno del Consejo de Ministros.
El Gobierno negociará por la «viabilidad» de Celsa
El Gobierno de Pedro Sánchez ha mostrado su apoyo a la familia fundadora en varias ocasiones durante el conflicto que hace años que arrastra con los bancos de inversión tenedores de su abultada deuda. Esta mañana, ha anunciado que se prepara para negociar con los nuevos dueños de Celsa para garantizar la «viabilidad futura de la empresa», así como el mantenimiento de los puestos de trabajo, algo a lo que los acreedores «se han comprometido».
Tras conocer la sentencia, los Rubiralta recuerdan que «mantienen el apoyo de los diferentes grupos de interés» en favor de «su modelo industrial». Entre estos actores incluye «partners, proveedores, administraciones públicas, gobiernos autonómicos, patronales o sindicatos».
«Todos ellos a lo largo de este proceso se han manifestado a favor de la continuidad del proyecto y por ello Celsa tiene asegurada su continuidad», añade la empresa. El grupo asegura que velará «por los intereses industriales, sociales y económicos» de la compañía, así como de su entorno, la cadena de valor y los empleados.
