Rescate a Celsa: la Sepi no quiere entrar en el capital de la siderúrgica
La entidad pública todavía cuenta con cinco meses para decidir qué hace con el expediente. Parte de los fondos irá a los fondos acreedores
Más de un año después, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) todavía deshoja la margarita con el rescate de Celsa. La siderúrgica española es la mayor carpeta que la entidad pública tiene sobre la mesa y la complejidad de la operación ha provocado que los alrededor de 550 millones de euros que pide la firma todavía no tengan el visto bueno del consejo de ministros. De hecho, ni la fórmula en la que se inyectará tal cantidad está clara. La posibilidad de entrar en el capital de la organización que dirige Francesc Rubiralta es uno de los grandes puntos que el vehículo inversor quiere evitar
La Sepi cuenta con tres vías para otorgar los 10.000 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. La institución que preside Belén Gualda puede entrar directamente en el accionariado de las firmas a rescatar, conceder un préstamo participativo o dar la ayuda a través de un crédito clásico.
En el seno de la institución se aboga por evitar especialmente la primera, una política que se ha tratado de seguir en la totalidad de rescates aprobados hasta el momento. También duda con la segunda. La mezcla de financiación clásica y un préstamo participativo es la manera que la Sepi considera menos arriesgada para sus intereses a nivel financiero y el método con el que resolvió las solicitudes hasta el momento.
Así, fue la recomendación que le hicieron los distintos asesores contratados en la asignación de fondos hasta el momento. La cúpula de la compañía estaba abierta a las tres opciones existentes sobre la mesa. La capitalización no obstante ya está descartada.
El caso de Celsa es particularmente complejo. En primer lugar por el montante a otorgar. Es, de lejos, la mayor partida a asignar. Incluso durante meses se especuló que alcanzaba los 700 millones de euros. En segundo lugar, por los acreedores de la siderúrgica. Ya antes de la pandemia, la banca tradicional se deshizo del pasivo y lo vendió a fondos como Apollo, CVC, Golden Tree y entidades internacionales como Bank of America y Deutsche Bank.
Parte de los fondos de la Sepi irán a manos de los fondos de acreedores, pero Celsa podrá reestructurar la deuda
La deuda alcanza los 1.500 millones de euros y la organización ya arrastra diferentes impagos desde el estallido del coronavirus. El procedimiento está judicializado, pero los fondos no realizaron nuevos movimientos a la espera de la Sepi. Aunque compraron con descuentos que alcanzaron el 80%, saben que la mayor esperanza de cobrar pasa por el rescate público. Y tensar la cuerda no es la mejor publicidad para obtener el apoyo necesario.
Con este panorama, la institución asume que parte de los fondos inyectados terminará en manos de los acreedores. No será un cambio de manos, pero si que habrá parte de la inyección que servirá para beneficiarles. Con el oxígeno y la quita esperada tras el rescate, Celsa podría reestructurar la deuda para ganar tiempo: respirar en el corto plazo y poder obtener unas mejores condiciones de financiación en el largo plazo.
Celsa, en espera
Sin embargo, en la Sepi se anda con pies de plomo. Las fuentes consultadas no dudan de que la ayuda se aprobará, pero el proceso se dilata mes a mes. Para empezar, por el colapso que sufre la administración a la hora de gestionar los fondos europeos. El trabajo en el organismo se disparó mientras el personal se mantiene. Y contratar asesores no fue suficiente en algunos procedimientos.
Además, ningún funcionario quiere tomar riesgos a la hora de otorgar el rescate. Es la tónica general, pero el montante de Celsa es especialmente abultado. La tendencia se agudizó tras el escándalo Plus Ultra, que frenó todavía más los mecanismos de ayuda.
Celsa cerrará el año 2021 con unas ventas de 5.200 millones de euros
Mientras espera, la compañía catalana aspira a vivir un 2022 que siga la tendencia positiva de 2021. El grupo estima que alcanzará los 5.200 millones de ingresos, casi 2.000 millones más que la cifra de negocio de 2020, un ejercicio marcado por la crisis sanitaria.
La progresión de los ingresos, que superarán holgadamente los previos a la pandemia, tiene tres claves: las políticas expansivas de la reactivación económica, el frenazo de China en los incentivos a las exportaciones siderúrgicas y la prórroga de las medidas de salvaguarda de la Unión Europea frente al acero procedente de Rusia.
La aparente buena marcha del negocio podría ser otra de las causas de que la Sepi haya dado preferencia a otras compañías. De hecho, la mayoría de los expedientes resueltos en los últimos meses fueron de empresas turísticas, más acuciadas por la falta de negocio.