Repsol pagará 450M del impuesto a las energéticas y pedirá su anulación

Las grandes energéticas españolas van descubriendo cuál será la factura del nuevo impuesto del Gobierno a estas empresas. Repsol estima que su coste será de 450 millones de euros. Asimismo, la petrolera ya ha dejado claro que irá por la vía legal para pedir la anulación de este tributo.

En concreto, según se refleja en las cuentas presentadas por la compañía dirigida por Josu Jon Imaz, el gravamen temporal energético (GTE) correspondiente a las operaciones de 2022, que se pagará en febrero y septiembre de 2023, se estima en unos 450 M€.

De acuerdo con el criterio manifestado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el GTE correspondiente a las operaciones realizadas en 2022 se debe registrar contablemente como gasto el día 1 de enero de 2023.

Repsol, de acuerdo con la opinión de sus asesores internos y externos, considera que el GTE es incompatible con la Constitución Española y con el Derecho de la Unión Europea, por lo que seguirá los cauces legales adecuados para que se anule y, en su caso, se devuelvan los importes recaudados.

La peculiaridad de Repsol

Dentro del mal llamado impuesto -dado que realmente no es esta figura fiscal- a las energéticas, algo sobre su nombre que también recordó este martes el presidente de Naturgy, Francisco Reynés; hay una serie de compañías que también debían rendir cuentas tributarias ante Bruselas. Y Repsol es una de estas empresas.

En concreto, la Unión Europea, en el Reglamento (UE) 2022/1854, del Consejo de 6 de octubre de 2022, relativo a una intervención de emergencia para hacer frente a los elevados precios de la energía, ha definido el marco general de un impuesto extraordinario y temporal sobre los beneficios excesivos que obtengan las empresas de petróleo y gas durante 2022 y/o 2023 (denominado “Contribución Solidaria Temporal»), que debe ser implementado por los Estados miembros en sus respectivos territorios.

Así, en España, la Ley 38/2022 de 27 de diciembre de 2022, ha introducido en el ordenamiento jurídico nacional un gravamen temporal energético (GTE) que deberán satisfacer determinados operadores del sector energético durante dos años. El gravamen, como el que tiene que soportar Repsol, será el 1,2% del importe neto de la cifra de negocios (INCN) derivada de la actividad desarrollada en España en los ejercicios 2022 y 2023, con ciertos ajustes.

En estas cuentas se ha aplicado el mencionado criterio contable de la CNMV, aunque en opinión de la compañía no es consistente ni con las características sustanciales del gravamen ni con los principios de la información financiera; en cualquier caso, el impacto sobre los resultados del ejercicio no sería significativo, al haberse tenido en cuenta el GTE a pagar por el negocio de refino España en el test de deterioro.

Imaz lo deja claro

«Considerar extraordinario un beneficio que se obtiene de un gran esfuerzo inversor y penalizarlo frente al que se dedica a importar productos de otros continentes sin crear un solo empleo industrial, es, además de injusto, incomprensible y perjudicial para la economía española», ha sentenciado Imaz.

Por ello, la compañía ha querido resaltar la contribución fiscal del grupo que ha alcanzado en 2022 niveles históricos. Los impuestos pagados en el ejercicio ascienden a 17.002 millones de euros (criterio de caja). Los impuestos que minoran su beneficio (incluyendo no solo el impuesto sobre sociedades sino todos los que constituyen un gasto en la cuenta de resultados) devengados en el ejercicio ascienden a 5.530 millones de euros, lo que representa el 56% de su resultado antes de impuestos.

En estos importes no se incluye el Gravamen Temporal Energético que recae sobre las operaciones realizadas en España durante 2022 (1,2% de la cifra de negocio, con ciertos ajustes), pues se paga en 2023 y, según criterio manifestado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, no se debe registrar el gasto correspondiente hasta principio de 2023.